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México

El PRI y Peña se hundirán por completo si César Duarte y Borge escapan

Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto dejan pasar el caso de César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, como ha hecho con los de Humberto Moreira Valdés, ex mandatario de Coahuila, y con Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, a quien se presume dieron “tiempo de escapar”, están hundidos: en 2018, el costo político será caer hasta la tercera fuerza política, dijeron analistas entrevistados a SinEmbargo.

La semana pasada y ésta, Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda de Chihuahua, ha informado diversos aspectos sobre del desfalco de Duarte Jáquez en la entidad. Por ejemplo, que dejó en caja sólo 21 millones de pesos para operación y que, antes de irse, se desaparecieron 6 mil millones de pesos de un crédito contratado a última hora. El ex mandatario priista no dejó ni para la gasolina.

“Cuando nos vamos a ver la deuda de los estados en relación al Producto Interno Bruto [PIB] estatal, la de Chihuahua es la más alta en todo el país: un 8.3 por ciento; en contraste, la de Veracruz es un 4.7 por ciento del PIB estatal”, dijo Fuentes Vélez al comparar la situación de Chihuahua con la que dejó Javier Duarte en Veracruz.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que si el PRI y el Gobierno federal no hacen nada en el caso de César Duarte e incluso, de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, las expectativas electorales del tricolor se verán reducidas en 2018.

“Cargará [el PRI] con el costo político: se le reducen las expectativas electorales, porque a la gente le queda claro que es puro teatro eso de perseguir la corrupción. En la medida que sigan saliendo cosas de Chihuahua, de Quintana Roo, y no se haga nada al respecto, quedará más claro que es una mera simulación”, dijo el politólogo.
Desde septiembre de 2014 sobre César Duarte pesa una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.

La denuncia fue interpuesta por abogado chihuahuense Jaime García Chávez por el caso del Banco Progreso, donde César Duarte y su esposa obtuvieron acciones.

Sin embargo, dos años después el ex Gobernador está libre para salir del país y desaparecer del mapa de la justicia mexicana cuando quiera, como ocurrió con Javier Duarte de Ochoa.

“Le van a facilitar todo para que se vaya igual que Javier Duarte; son complicidades a todos los niveles y nosotros como ciudadanía nada más nos quedamos mirando, mientras que la población perjudicada sufrirá miseria, desabasto de medicamentos, falta de servicios, inseguridad. En los casos de Javier Duarte, César Duarte y Borge vieron que la impunidad era tal, y la protección política, que se robaron todo lo que quisieron”, dijo Crespo Mendoza.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

La académica agregó que si el PRI y el Gobierno federal no persiguen a los ex Gobernadores que tienen acusaciones de corrupción y malos manejos, el partido en el poder sufrirá las consecuencias.

“El PRI está completamente golpeado: está en tercer lugar en intención del voto y hay un 44 por ciento de rechazo en las encuestas: hay gente que dice que nunca votarían por el PRI sea el candidato que sea. El rechazo está creciendo y en los dos años que quedan de Gobierno de Enrique Peña Nieto va a seguir creciendo si no hay resultados. Lo que estamos esperando de manera importante es que se castigue a los corruptos”, detalló Acuña Murillo.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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