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México

Prisión a General y dos militares por caso Iguala

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CDMX.- Un juez federal dictó auto de formal prisión al General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y dos de sus subordinados por su supuesta implicación con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, inició el juicio al General únicamente por el delito de delincuencia organizada, dado que sólo se le acusó de su supuesta implicación con la citada organización criminal y no con la desaparición de los estudiantes, confirmó el abogado defensor Alejandro Robledo.

El impartidor de justicia también procesó al Sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, mientras que al Capitán José Martínez Crespo sólo por desaparición forzada, confirmó el abogado defensor Alejandro Robledo Carretero.

A diferencia del General, ambos militares sí fueron imputados de su implicación en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a Guerreros Unidos, cuyos integrantes los desaparecieron.

El Capitán Martínez Crespo ya estaba preso desde el 13 de noviembre de 2020 y desde entonces está sujeto a un proceso por el delito de delincuencia organizada, razón por la que ahora suma dos juicios por dos delitos distintos.

El General y el Sargento, junto con el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, se entregaron a las autoridades el miércoles y jueves de la semana pasada y fueron internados en el Campo Militar Número 1.

Debido a que el Subteniente Pirita Ochoa se entregó a las autoridades un día después que el General y el sargento, el Juez Beltrán Santés aún no le define su situación jurídica y se espera que eso suceda a más tardar este jueves.

La defensa de los militares, encabezada por Alejandro Robledo Carretero y César González Hernández, tiene ahora un plazo de tres días para apelar el fallo del juez.

Aunque el pasado 19 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJCA) señaló al General de ordenar la ejecución de 6 de los normalistas, ninguno de los militares ahora presos fue acusado por el delito de homicidio.

Esta acusación contra el General proviene del testigo protegido «Juan», el mismo que ha declarado que sobornó a militares, funcionarios y policías federales, estatales y municipales para que protegieran a Guerreros Unidos.

Dicho testigo colaborador es Gilberto López Astudillo «El Gil», jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, a quien también se atribuye haber participado en la desaparición de los normalistas.

La defensa de los militares ha puesto en duda los señalamientos de «Juan», pues estima que son vagos y contradictorios.

«De él proviene (la acusación), pero con muchas imprecisiones, con muchas contradicciones, con una imputación muy vaga, en fin, con una serie de elementos jurídicos que la hacen más que dudosa», dijo el abogado Alejandro Robledo la semana pasada.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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