La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que cuatro ex funcionarios del Penal del Topo Chico detenidos tras el enfrentamiento registrado en centro penitenciario, el pasado 11 de febrero, fueron procesados por su presunta responsabilidad en los hechos.

Indicó que Gregoria Salazar Robles, ex directora del Penal del Topo Chico, y Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, ex comisario en Jefe de la Agencia Estatal de Administración Penitenciaria, quedaron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
El titular de la PGJE, Roberto Flores, informó que tras las audiencias con ambos ex funcionarios, y a petición del Ministerio Público, el Juzgado de Control les impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

Dijo que Salazar Robles y Domínguez Jaramillo fueron internados en celdas cuya ubicación no puede darse a conocer por motivos de seguridad.

Mencionó que “se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, término que vence el 20 de junio del año en curso”.
Flores explicó que en dicho periodo, “la Procuraduría General de Justicia, a través del Ministerio Público, podrá seguir recabando elementos probatorios para acreditar en su totalidad los hechos delictivos”.

Refirió que, además, Arturo Bernal González, ex subdirector del Penal, también fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad tras los hechos ocurridos entre la noche del 10 y madrugada del 11 de febrero, y que dejaron 49 muertos 12 más heridos.

“Los imputados Gregoria Salazar Robles, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo y Arturo Bernal González pueden alcanzar una pena de 1,200 años de prisión”, detalló el procurador.
Refirió que José Reyes Hernández Aguilar, quien fungía como custodio del Penal del Topo Chico, se le decretó el pasado miércoles auto de vinculación por el delito de homicidio calificado en contra del interno Guadalupe Armando Graciano Hernández.

Puntualizó que como medida cautelar el juez le dictó prisión preventiva, con un plazo de cierre de 45 días.

El Economista