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Problemón ¿Sólo financiero? por Luis Javier Valero

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Al concederle al Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, (DILE), el amparo provisional sobre la bursatilización (o “monetización”) de 6 mil millones de pesos, del remanente del Fideicomiso carretero, el Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, desató, realmente, todos los demonios.

jose luis valero floresPor: Luis Javier Valero Flores

Deberá resolver mañana, de manera definitiva, el amparo otorgado y a continuación entrar al fondo del asunto, que no es cualquier cosa porque en ese litigio se podrían resolver varias de las controversias desatadas en Chihuahua por este tema, el de la bursatilización de distintos ingresos del gobierno estatal.

Además, precisará si este tipo de obligaciones financieras deberán considerarse como deuda, más allá de lo sostenido por los gobernantes y los críticos de estas operaciones financieras, por lo que determinará si el gobierno de Chihuahua no violó la prohibición a contratar “nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses (los previos al término de la gestión)”.

Sin embargo, y como el mismo presidente de DILA, Jesús Soledad, sostiene , el párrafo de la prohibición se refiere a las “obligaciones de corto plazo”.

De tal manera que, incluso esta ambigüedad del texto constitucional podría ser precisada en el litigio.

Por otra parte, una resolución judicial de este tipo precisaría los destinos válidos de los recursos obtenidos por esta vía y el de si la actual administración actuó correctamente al emplearlos en los rubros de seguridad pública, salud y educación, en los cuales, muy seguramente, sirvieron, también, para cubrir los emolumentos de los servidores públicos dedicados a esas tareas pues la ley prohibe usarlos para “gasto corriente”.

Por otra parte, el juez podrá sentar precedente acerca de lo denominado “interés jurídico” en esta clase de asuntos, debido a que anteriormente la posibilidad de interponer un amparo solamente lo podían hacer aquellos entes que se sintieran afectados directamente por determinada acción gubernamental.

Hoy, a la vista de los nuevos ordenamientos jurídicos, se abre la posibilidad de que organizaciones, cuyos fines sean los esgrimidos, y sean objeto de la petición del amparo, puedan acceder a la protección de la justicia federal.

Además, se pondrá a discusión y eventualmente a la definición jurídica, el tema de si las bursatilizaciones -o el de las monetizaciones- constituyen, o no, deuda de los entes públicos.

Por añadidura, la resolución sobre el amparo pondrá al nuevo grupo gobernante en la disyuntiva, primero, de aceptar como verdadera la situación financiera del gobierno estatal, informada a ellos por los actuales responsables financieros, lo que los llevaría a aceptar una terrible realidad, la de que esos recursos sí estaban presupuestados desde diciembre, que se había contemplado obtenerlos por la vía de la bursatilización de los remanentes carreteros y que de no aceptar la operación financiera se verán en serios problemas pues equivalen al gasto total mensual del gobierno del estado.

Más. Que no se había solicitado la aprobación del Congreso, en los meses previos, para no abonarle a la crítica del candidato Javier Corral a la administración de César Duarte por el tema de la deuda.

O, si por el contrario, las finanzas estatales estarían sobradas y los recursos de la bursatilización serían empleados para favorecer, como sostienen, a los proveedores y receptores favoritos del gobierno de César Duarte.

Triste su calavera, si no aceptan la bursatilización podrán enfrentar -y, con ellos, muchos chihuahuenses- serios problemas económicos al tomar posesión del gobierno.

Si la aceptan, desde su óptica y la de muchos chihuahuenses, convalidarán lo que criticaron a lo largo de la campaña electoral, la que, por otra parte, pareciera revivir con este motivo, con los argumentos usados en ella, como los expresados por el gobernador Duarte, quien adujo que el otorgamiento del amparo busca ponerle “freno” a Chihuahua, al tiempo que argumentó que de esos recursos dependen “temas de infraestructura, de seguridad, de salud, de educación” y defender lo que fue su postura a lo largo del sexenio, que se trata de una bursatilización, no de deuda.

Y todo lo anterior, en los momentos en que el PRI debe resolver si presentará un recurso de revisión al dictamen del Tribunal Estatal Electoral, que declaró infundados sus argumentos para solicitar la anulación de las elecciones.

Hoy se le vence el plazo.

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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