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México

Profeco ordena a Sony ajustar precios de PlayStation Store por incumplir la ley

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intervenido en contra de Sony tras recibir más de un centenar de quejas por irregularidades en la PlayStation Store. Los usuarios denunciaron que en la tienda en línea oficial de la consola se muestran precios en dólares, sin indicar el costo final con cargos e impuestos incluidos, lo que contraviene la legislación mexicana.

De acuerdo con la autoridad, esta práctica infringe el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que toda información y publicidad de productos, nacionales o importados, debe presentarse en idioma español y su precio expresarse en moneda nacional, de forma clara y legible, sin perjuicio de que también pueda mostrarse en otros idiomas o sistemas de medida.

Profeco también señaló que Sony incumplió el artículo 7 Bis de la misma ley, el cual obliga a que el precio total exhibido incluya impuestos, comisiones, seguros y cualquier cargo adicional que el consumidor deba cubrir, ya sea en compras de contado o a crédito.

La dependencia notificó a la compañía para que corrija de inmediato la manera en que presenta los precios y cumpla con los requisitos legales.

Los consumidores que detecten prácticas similares por parte de Sony o cualquier otra empresa pueden presentar una queja ante Profeco a través de los correos [email protected] y [email protected], en el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 (CDMX) o 800 468 8722 (interior de la República), así como mediante las redes sociales oficiales @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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