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México

Profepa inspecciona los zoológicos en operación de todo el país

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Como parte del Programa Nacional de Inspección en Zoológicos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha visitado en los últimos 12 meses 95 de estos recintos en el país, en los que verificó las condiciones en que viven 20 mil 739 animales en cautiverio.

En total fueron 98 visitas a 95 zoológicos, pues a los de Tangamanga, en San Luis Potosí; Altamira, en Tamaulipas, y Centenario, en Yucatán, se realizaron más de una visita, señaló la Profepa en un comunicado.

De los 108 zoológicos registrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se visitaron 95, pues los 13 restantes se encuentran fuera de operación.

De manera precautoria se aseguraron cuatro mil 186 animales de 58 zoológicos, en especial porque al momento de las inspecciones “no se acreditó la legal procedencia de los ejemplares”, y solo tres por ciento de las retenciones, es decir 133 individuos, se motivaron por faltas al trato digno y respetuoso.

Entre los animales asegurados hay ejemplares de coyote, guacamaya verde, guacamaya roja, aguililla de Harris, loro corona azul, Iguana verde, venado cola blanca, perico, jaguar, tigre, cocodrilo de pantano, cocodrilo de río, gato montés, hipopótamo, jirafa y tortuga.

La Profepa consideró positivos los resultados de las inspecciones y recordó que los zoológicos, con base en la Ley General de Vida Silvestre, son las primeras opciones que se tienen para canalizar ejemplares asegurados y decomisados.

Sin embargo, dichas unidades de manejo deben llevar de manera organizada y ordenada sus expedientes y archivos documentales, para evitar que la Profepa asegure los ejemplares de sus colecciones por no acreditar la legal procedencia.

 

 

 

Publimetro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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