Conecta con nosotros

Slider Principal

Promoverá PAN amparo para forzar a AMLO a usar cubrebocas

El vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Castaños Valenzuela, anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial de la Federación “para obligar al Presidente de la República a usar cubrebocas”.

Informó que está en busca de un dictamen oficial en el que, “reconociendo la relevancia que tiene el Presidente como figura pública, esté obligado a portarlo”.

Argumentó que “el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, cada día va en aumento y actualmente tenemos 45 mil 300 defunciones y más de 408 mil 400 positivos”.

Añadió que se ha demostrado con estudios científicos que el portar la mascarilla podría disminuir la gravedad del COVID-19 o evitar completamente la infección.

“Hasta su secretario de Hacienda subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica. La ciencia lo comprueba, aunque a él le digan que no. Si ya lo utilizó durante su visita a Washington ¿por qué se niega a utilizarlo aquí?”, dijo.

El legislador panista expuso que otro de los problemas “es el menosprecio que se tiene de la gravedad de la pandemia. El Presidente está en lo suyo, él quiere que hablemos del avión presidencial y que celebremos el hecho de que Lozoya está en México”.

“¿Qué no es él quien ha dicho hasta el cansancio que hay que gobernar con el ejemplo? ¿Por qué politizar el uso del cubrebocas?”, cuestionó.

Fuente: EL Informador

Opinión

La usurpación médica: Un riesgo letal. Por: Sigrid Moctezuma

El reciente escándalo en torno a Marilyn Cote, quien se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, ha encendido las alarmas sobre un tema crítico y subestimado: la usurpación de profesiones médicas. Cote, una abogada con títulos en Derecho y Criminalística, afirmaba falsamente ser egresada de universidades de renombre como Harvard y Oslo, y logró engañar a pacientes durante meses, ejerciendo funciones médicas y prescribiendo medicamentos sin tener la preparación adecuada. La psiquiatra Romina Delgado, junto con otras cuentas de activismo médico, fue quien sacó a la luz la verdad, revelando un modus operandi que, en pleno siglo XXI, debería ser absolutamente imposible en un sistema de salud eficaz.

Pero este caso no es solo un incidente aislado; es un reflejo de problemas estructurales en la supervisión médica de México. El modus operandi de Cote no fue el de una persona ocasionalmente desinformada, sino el de una impostora que operaba con conocimiento y astucia, y lograba convencer a sus pacientes de que estaba cualificada para prescribir tratamientos y medicar a personas vulnerables. Las consecuencias de este tipo de fraude son catastróficas, como se evidenció cuando se descubrió que la impostora estaba administrando infusiones de ketamina sin ninguna formación en psiquiatría. Este tipo de prácticas fraudulentas, llevadas a cabo sin las licencias ni la capacitación correspondiente, puede tener efectos devastadores: complicaciones físicas graves, daños psicológicos irreversibles, y un sinnúmero de consecuencias que, al tratarse de la salud de las personas, no deben ser tomadas a la ligera.

Los tratamientos no solo se limitan a la prescripción incorrecta de medicamentos. La administración de sustancias como la ketamina, utilizada para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, requiere de una preparación rigurosa para evitar daños potenciales. Sin un conocimiento profundo sobre las dosis, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos, estos procedimientos pueden ser peligrosos, a veces con resultados fatales. Las prácticas fraudulentas, si no se abordan con urgencia, representan una amenaza tangible que puede costar vidas. No solo se expone a los pacientes a un riesgo inmediato, sino que también se mina la confianza en el sistema médico en general, creando un ambiente de desconfianza que afecta incluso a los profesionales legítimos.

La mala praxis no es un concepto abstracto; es un peligro constante que puede tener consecuencias irreparables. Cuando un impostor médico tiene en sus manos la responsabilidad de la salud de alguien, las líneas entre la negligencia y el crimen se vuelven borrosas. Sin embargo, en México, casos como el de Cote demuestran que las barreras para proteger a los ciudadanos son aún deficientes y porosas. El hecho de que Cote haya operado durante tanto tiempo sin ser detectada revela serias deficiencias en los mecanismos de control que deberían existir para proteger a los pacientes.

Este caso debería servir como una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de credenciales y las auditorías a las prácticas médicas. Las sanciones a los usurpadores deben ser ejemplares y adecuadas al daño potencial o real que causan, pero no basta con castigar después del hecho. Es necesario un enfoque más preventivo que incluya la creación de sistemas de monitoreo más estrictos. De igual manera, la revisión de las prácticas en clínicas privadas y consultorios es indispensable, pues es ahí donde, muchas veces, los pacientes son más vulnerables.

El caso de Marilyn Cote ha destapado una realidad que debería avergonzarnos y motivarnos al mismo tiempo. El sistema de salud necesita reformas urgentes que también creen una red de apoyo a los pacientes.

En última instancia, los riesgos de la usurpación médica no solo amenazan a las personas directamente afectadas; son un problema de salud pública que debe recibir la atención y los recursos necesarios para garantizar que ningún impostor vuelva a tener la oportunidad de jugar con la vida de los demás. La tragedia de casos como el de Marilyn Cote debe ser un recordatorio de que la salud de los mexicanos es un derecho que debe ser protegido con los más altos estándares de cuidado y responsabilidad.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto