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Sam Altman advierte: las conversaciones con ChatGPT podrían usarse como evidencia en tribunales

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, lanzó una advertencia sobre el uso excesivo de ChatGPT, especialmente entre jóvenes que recurren a la inteligencia artificial para obtener consejos personales o emocionales. Su principal señalamiento: las conversaciones mantenidas con la IA no están legalmente protegidas como lo estarían las que se tienen con un abogado o un terapeuta.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio Telegrafi, Altman enfatizó que la información personal compartida con ChatGPT podría ser utilizada como prueba en un juicio. Esto abre una serie de implicaciones legales para quienes confían detalles delicados a la plataforma, creyendo que son confidenciales.

«Muchas personas le cuentan a la inteligencia artificial detalles muy personales de sus vidas», advirtió Altman. «Pero esa información no goza del mismo nivel de privacidad que sí existe, por ejemplo, entre un paciente y un profesional de salud mental».

Además, Altman expresó su preocupación por la creciente dependencia emocional e intelectual de la IA, en especial entre los más jóvenes. Señaló que considerar a ChatGPT como “la voz final” para tomar decisiones importantes en la vida es un error peligroso.

Ante este panorama, el CEO de OpenAI aseguró que la empresa está trabajando activamente en soluciones que promuevan un uso más responsable de la inteligencia artificial, y que se acerquen a los estándares éticos y de privacidad que rigen en otras profesiones sensibles.

Esta advertencia refuerza la necesidad de entender los límites legales y éticos del uso de IA, especialmente en contextos personales o sensibles.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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