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México

Propone Coparmex nacional incremento real al salario mínimo

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El aumento deberá cubrir en el corto plazo la Línea de Bienestar de Coneval (canasta alimentaria, más canasta no alimentaria) de $89.35 pesos diarios.
Se debe separar el Salario Mínimo de cualquier otro índice, referencia o variable diferente, señala la Consulta de Salarios y Remuneraciones 2016 realizada a socios de la Coparmex en toda la República Mexicana.
Desde hace algunos meses se ha generado un importante debate en la opinión pública, con respecto de la necesidad de definir un criterio técnico para incrementar el Salario Mínimo de los trabajadores de México.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, realizó en días pasados una consulta con los socios integrantes de nuestra Confederación en todo el país y en nuestro Consejo Nacional, para conocer la opinión de los empresarios con respecto de este tema y tener mayores elementos para formular una propuesta y desde luego enriquecer el debate nacional sobre el tema.
Para los empresarios de Coparmex es indispensable elevar el Salario Mínimo de los trabajadores. La mayoría consideran que el Salario Mínimo en México debe fortalecerse hasta que llegue a cubrir la Línea de Bienestar que ha establecido el Coneval, es decir comprendiendo tanto la canasta alimentaria como la canasta no alimentaria que en el mes de octubre de este año alcanza $89.35 pesos diarios.
El salario de los trabajadores de las empresas que forman parte de Coparmex, está en su mayoría muy por encima de los niveles actuales del Salario Mínimo.
La mayoría de los empresarios de Coparmex considera, que llegar al nivel ideal del salario que cubra y alcance la línea de bienestar debería tomar un plazo no mayor de 12 meses, siempre que la economía lo permita.
El aumento al Salario Mínimo no debe estar vinculado con el incremento del resto de los salarios, para evitar incrementos en los precios de los productos y servicios y, por lo tanto, que esto acarree un efecto inflacionario.
En resumen, los empresarios de Coparmex consideramos que es indispensable que se incremente el Salario Mínimo.
Este aumento debe ser parte de una estrategia de mediano-largo plazo para que pueda recuperarse el poder adquisitivo real de los trabajadores.
Para lograrlo, insistimos es necesario separar el incremento del Salario Mínimo de otras variables adicionales. Se trata de un ajuste técnico al Salario Mínimo por razones económicas, sociales y éticas.
El aumento al Salario Mínimo debe ser nominal, no porcentual, porque debe quedar reflejado el aumento principalmente en los niveles más bajos de la remuneración actual.
Se debe propiciar una recuperación sistemática y real, para que el salario pueda alcanzar el costo de la línea de bienestar, dando el espacio para observar el resto de variables que nos permita contener el llamado efecto faro (inflación).
Es indispensable que esta negociación sea en conjunto de los trabajadores, de los empresarios y desde luego la autoridad, y se fortalezca el carácter tripartita de este acuerdo.
Recapitulando, la Coparmex propone un aumento porcentual por la línea de inflación en este año 2016 entre el 4 y el 4.5% y un aumento nominal por la línea de bienestar durante 2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica, de 13.02 a 13.28 pesos.
En conjunto, nuestra propuesta es que antes de terminar 2017 el salario mínimo alcance $89.35.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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