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México

Propone diputado del PES reducir impuesto a la cerveza

El diputado integrante del Partido Encuentro Social (PES), Javier Julián Castañeda Pomposo, presentó una iniciativa por medio de la cual busca que se reduzca el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza.
El legislador federal refirió que la propuesta tiene como finalidad disminuir el IEPS del 26.5 por ciento que existe en la actualidad, al 25 por ciento, pues la industria cervecera es de suma importancia para la economía mexicana.

De la misma forma, detalló que en caso de ser aprobada, la iniciativa permitirá que los recursos liberados por el ajuste, promuevan un dinámico proceso de inversión de la industria cervecera, con un efecto positivo en toda la cadena que finalmente permita una reducción de precios al consumidor.
Así lo destacó al advertir que el crecimiento de la industria nacional productora de dicha bebida, se ve amenazada por la disminución de impuestos que se han aplicado en países como Italia, Inglaterra y especialmente, Estados Unidos.

Ante ello, pidió analizar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 2 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que pretende reducir la tasa general del IEPS.

Además, dijo que “la tasa de IEPS que aplica a la cerveza se incrementó en 2010 de 25 a 26.5 por ciento con el argumento de que aplicaría hasta 2012 para fortalecer los ingresos públicos y evitar un debilitamiento estructural en las fianzas públicas».

Pese a ello, añadió, en 2013 las autoridades hacendarias decidieron mantenerlo en 26.5 por ciento bajo el argumento de que existía incertidumbre económica en el entorno mundial.

Sobre el tema del valor que tiene la industria cervecera para la economía nacional, refirió que el total de ingresos tributarios que aporta, considerando tanto el IEPS como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ascendió a 4.7 por ciento en 2017, es decir, 56 mil 145 millones de pesos, el equivalente a aproximadamente 7 por ciento de los ingresos petroleros.

Debido a ello, pidió considerar como necesario brindar un apoyo al sector para que éste preserve la competitividad de México, a través de reformas estratégicas «a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de manera que se aplique una tasa preferencial a los primeros 25 mil hectolitros enajenados por empresa dentro de un mismo año fiscal y se reduzca la tasa general del IEPS».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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