Chihuahua
Propone PAN ley para erradicar la tortura
Ante la creciente denuncia de casos que incluyen este método para obtener «chivos expiatorios», el Partido Acción Nacional en el Congreso del estado presentó la iniciativa de ley para Prevenir y Erradicar la Tortura.
Ante la creciente denuncia de casos que incluyen este método para obtener «chivos expiatorios», el Partido Acción Nacional en el Congreso del estado presentó la iniciativa de ley para Prevenir y Erradicar la Tortura.
Rogelio Loya Luna, diputado de Acción Nacional, señaló que a pesar de que desde septiembre del 2012 ya existe una ley en la materia, la realidad es que «no ha rendido los frutos esperados y vemos que en Chihuahua la tortura está vigente».
Basta mencionar los casos de Ciudad Juárez, donde 7 policías fueron detenidos por torturar a una familia competa, y hay decenas en donde los jueces de garantía, también en la más grande frontera del estado, le han dado vista al Ministerio Público para abrir carpetas de investigación «porque se presentan imputados severamente golpeados».
El legislador del PAN recordó que a estos, se suma el caso de Israel Arzate, el juarense que fue detenido en el 2010 acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, y que recientemente fue liberado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un amparo ante la evidente y cruel tortura de que fue objeto.
La idea central de la iniciativa es que se adopten los mecanismos que orientan el llamado «Protocolo de Estambul», que tiene como finalidad poder documentar e investigar eficazmente los actos de tortura, dijo Loya Luna.
En la iniciativa panista se busca fomentar la prevención de la tortura y definir la incomunicación de los detenidos como una forma de ejercerla ante los imputados.
Así mismo, se plantea agravar la pena para la tortura a 4 años de prisión, además de eliminar los beneficios a los que se puedan acoger los sentenciados por este delito.
Una parte importante de la propuesta es que, además del detenido, una tercera persona estaría en la capacidad legal de solicitar un médico legista para revisar las condiciones físicas y mentales de quien acusa tortura por parte de sus captores.
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