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México

Propone PGR sancionar a empresas involucradas en trata de personas

La ex presidenta de la extinta Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, reclamó que 16 estados de la República “no estén haciendo nada” para combatir ese delito; de igual modo, la Procuraduría General de la República (PGR), propuso ampliar el alcance de las penas contra ese delito, a personas jurídicas o morales, como empresas, principalmente trasnacionales, que estén involucradas.

Durante una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) añadió que el próximo 3 de septiembre se lanzará la plataforma “Unidos contra la Trata de Personas” y en cuanto los siguientes legisladores entren en funciones, se les entregarán denuncias de víctimas de trata de personas en el Distrito Federal y el Estado de México, para que les den seguimiento.

En tanto, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros Alonso, expuso que la ley contra la trata aprobada en el Congreso de la Unión, tiene bases sólidas para actuar contra los tratantes de personas; sin embargo, pidió ampliar sus alcances.

Tras recordar que en México, la trata es el tercer delito que más ganancias genera al crimen organizado, el funcionario subrayó que pese a la importancia de la ley, aún hace falta modernizar la estrategia de lucha contra bandas criminales dedicadas al tráfico de personas.

Incluso, recomendó al Legislativo analizar reformas, a fin de penalizar a personas jurídicas y morales, como empresas o consorcios, que participen en ese ilícito.

“Mientras una persona que se roba dos jabones es detenida y se le imputa un robo agravado sin derecho a la libertad, una empresa, una trasnacional cómplice comete un delito de trata de personas y los recursos son lavados para fortalecer el crimen organizado, eso en México es materia administrativa y no penal”, por lo que el marco legal, reiteró, se debe modificar.

Asimismo, propuso que cada procuraduría de justicia estatal, cuente con fiscalías anti trata de personas y personal debidamente capacitado.

El representante de la PGR también destacó el enfoque de protección a los derechos humanos en la normatividad, ya que coincide con las reformas al sistema penal avaladas en el 2008, que contemplan la protección a las garantías de las víctimas; así como con los cambios en derechos humanos, que obligan al Gobierno Federal a hacer cumplir instrumentos internacionales en esa materia.

A su vez, la diputada reiteró el reclamo a los estados que “no están haciendo nada” para enfrentar la trata de personas, pues en sitios como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán, no se registran ni sentencias ni operativos para detener a los responsables.

Asimismo, reiteró su demanda de que las leyes en la materia a nivel estatal, se homologuen a la norma federal recientemente publicada, a fin de implementar acciones contundentes y castigos ejemplares a quienes cometen esa falta.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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