La ex presidenta de la extinta Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, reclamó que 16 estados de la República “no estén haciendo nada” para combatir ese delito; de igual modo, la Procuraduría General de la República (PGR), propuso ampliar el alcance de las penas contra ese delito, a personas jurídicas o morales, como empresas, principalmente trasnacionales, que estén involucradas.

Durante una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) añadió que el próximo 3 de septiembre se lanzará la plataforma “Unidos contra la Trata de Personas” y en cuanto los siguientes legisladores entren en funciones, se les entregarán denuncias de víctimas de trata de personas en el Distrito Federal y el Estado de México, para que les den seguimiento.

En tanto, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros Alonso, expuso que la ley contra la trata aprobada en el Congreso de la Unión, tiene bases sólidas para actuar contra los tratantes de personas; sin embargo, pidió ampliar sus alcances.

Tras recordar que en México, la trata es el tercer delito que más ganancias genera al crimen organizado, el funcionario subrayó que pese a la importancia de la ley, aún hace falta modernizar la estrategia de lucha contra bandas criminales dedicadas al tráfico de personas.

Incluso, recomendó al Legislativo analizar reformas, a fin de penalizar a personas jurídicas y morales, como empresas o consorcios, que participen en ese ilícito.

“Mientras una persona que se roba dos jabones es detenida y se le imputa un robo agravado sin derecho a la libertad, una empresa, una trasnacional cómplice comete un delito de trata de personas y los recursos son lavados para fortalecer el crimen organizado, eso en México es materia administrativa y no penal”, por lo que el marco legal, reiteró, se debe modificar.

Asimismo, propuso que cada procuraduría de justicia estatal, cuente con fiscalías anti trata de personas y personal debidamente capacitado.

El representante de la PGR también destacó el enfoque de protección a los derechos humanos en la normatividad, ya que coincide con las reformas al sistema penal avaladas en el 2008, que contemplan la protección a las garantías de las víctimas; así como con los cambios en derechos humanos, que obligan al Gobierno Federal a hacer cumplir instrumentos internacionales en esa materia.

A su vez, la diputada reiteró el reclamo a los estados que “no están haciendo nada” para enfrentar la trata de personas, pues en sitios como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán, no se registran ni sentencias ni operativos para detener a los responsables.

Asimismo, reiteró su demanda de que las leyes en la materia a nivel estatal, se homologuen a la norma federal recientemente publicada, a fin de implementar acciones contundentes y castigos ejemplares a quienes cometen esa falta.