Conecta con nosotros

México

Propone PRI hasta 60 años de prisión a reincidentes de delitos graves

Published

on

A fin de inhibir los actos delictivos de quienes ya han sido condenados alguna vez, la diputada María Alemán Muñoz Castillo impulsa reformas al artículo 116 de la Constitución, con el propósito de que los estados de la República establezcan en su legislación penal hasta 60 años de prisión para criminales reincidentes de delitos graves.

La modificación precisa el incremento de una mitad adicional a la pena privativa de la libertad que corresponda por el delito cometido, y hasta 60 años a quienes reincidan en la comisión de delitos dolosos calificados por la ley como graves, sin perjuicio de las demás disposiciones que correspondan al establecimiento de la pena privativa de la libertad

Esto, señala la iniciativa, obedece a que el Estado mexicano adolece de mecanismos actualizados que inhiban que quien fuese sentenciado una vez no sea reincidente en la comisión de actos delictivos.

Agrega que por el contrario, las propias debilidades del sistema de impartición de justicia se han convertido en una herramienta que alienta al delincuente a cometer nuevos ilícitos.

Según registros oficiales, menos de 10 por ciento del total de delitos cometidos son denunciados, además que hay una cuestionable flexibilidad de alcanzar la libertad con el nuevo sistema penal que presupone inocencia y que se ha vuelto una controvertida “puerta giratoria para los delincuentes”.

La propuesta de la diputada priista pretende alcanzar a los delincuentes más peligrosos, aquéllos que cometen los delitos más violentos y de más afectación a la víctima, dejar de abaratar la prisión y su permanencia en ella por delitos menores, consideró.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Empol) 2016, elaborada por Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25.9 por ciento de la población mayor de 18 años privada de la libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión vigente a la fecha del estudio (octubre de 2016); es decir, era reincidente.

Dato por demás alarmante si consideramos que el mismo Inegi reportó en 2009 una reincidencia en el ámbito nacional del orden de 14 por ciento, lo que significa un incremento de 85 por ciento en los seis años previos a la Empol de 2016

De la encuesta de 2016 se evidenció también que 60 por ciento de esta población reincidente fue sentenciada en su ilícito inmediato anterior por robo.

Destaca que la actividad delictiva fue el modus vivendi de 70.3 por ciento de la población que estuvo privada de la libertad, porque había dependientes económicos a la fecha de su arresto.

Excelsior

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

Published

on

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto