Conecta con nosotros

México

Propone PRI hasta 60 años de prisión a reincidentes de delitos graves

Published

on

A fin de inhibir los actos delictivos de quienes ya han sido condenados alguna vez, la diputada María Alemán Muñoz Castillo impulsa reformas al artículo 116 de la Constitución, con el propósito de que los estados de la República establezcan en su legislación penal hasta 60 años de prisión para criminales reincidentes de delitos graves.

La modificación precisa el incremento de una mitad adicional a la pena privativa de la libertad que corresponda por el delito cometido, y hasta 60 años a quienes reincidan en la comisión de delitos dolosos calificados por la ley como graves, sin perjuicio de las demás disposiciones que correspondan al establecimiento de la pena privativa de la libertad

Esto, señala la iniciativa, obedece a que el Estado mexicano adolece de mecanismos actualizados que inhiban que quien fuese sentenciado una vez no sea reincidente en la comisión de actos delictivos.

Agrega que por el contrario, las propias debilidades del sistema de impartición de justicia se han convertido en una herramienta que alienta al delincuente a cometer nuevos ilícitos.

Según registros oficiales, menos de 10 por ciento del total de delitos cometidos son denunciados, además que hay una cuestionable flexibilidad de alcanzar la libertad con el nuevo sistema penal que presupone inocencia y que se ha vuelto una controvertida “puerta giratoria para los delincuentes”.

La propuesta de la diputada priista pretende alcanzar a los delincuentes más peligrosos, aquéllos que cometen los delitos más violentos y de más afectación a la víctima, dejar de abaratar la prisión y su permanencia en ella por delitos menores, consideró.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Empol) 2016, elaborada por Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25.9 por ciento de la población mayor de 18 años privada de la libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión vigente a la fecha del estudio (octubre de 2016); es decir, era reincidente.

Dato por demás alarmante si consideramos que el mismo Inegi reportó en 2009 una reincidencia en el ámbito nacional del orden de 14 por ciento, lo que significa un incremento de 85 por ciento en los seis años previos a la Empol de 2016

De la encuesta de 2016 se evidenció también que 60 por ciento de esta población reincidente fue sentenciada en su ilícito inmediato anterior por robo.

Destaca que la actividad delictiva fue el modus vivendi de 70.3 por ciento de la población que estuvo privada de la libertad, porque había dependientes económicos a la fecha de su arresto.

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

Published

on

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto