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México

Propone PRI hasta 60 años de prisión a reincidentes de delitos graves

A fin de inhibir los actos delictivos de quienes ya han sido condenados alguna vez, la diputada María Alemán Muñoz Castillo impulsa reformas al artículo 116 de la Constitución, con el propósito de que los estados de la República establezcan en su legislación penal hasta 60 años de prisión para criminales reincidentes de delitos graves.

La modificación precisa el incremento de una mitad adicional a la pena privativa de la libertad que corresponda por el delito cometido, y hasta 60 años a quienes reincidan en la comisión de delitos dolosos calificados por la ley como graves, sin perjuicio de las demás disposiciones que correspondan al establecimiento de la pena privativa de la libertad

Esto, señala la iniciativa, obedece a que el Estado mexicano adolece de mecanismos actualizados que inhiban que quien fuese sentenciado una vez no sea reincidente en la comisión de actos delictivos.

Agrega que por el contrario, las propias debilidades del sistema de impartición de justicia se han convertido en una herramienta que alienta al delincuente a cometer nuevos ilícitos.

Según registros oficiales, menos de 10 por ciento del total de delitos cometidos son denunciados, además que hay una cuestionable flexibilidad de alcanzar la libertad con el nuevo sistema penal que presupone inocencia y que se ha vuelto una controvertida “puerta giratoria para los delincuentes”.

La propuesta de la diputada priista pretende alcanzar a los delincuentes más peligrosos, aquéllos que cometen los delitos más violentos y de más afectación a la víctima, dejar de abaratar la prisión y su permanencia en ella por delitos menores, consideró.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Empol) 2016, elaborada por Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 25.9 por ciento de la población mayor de 18 años privada de la libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión vigente a la fecha del estudio (octubre de 2016); es decir, era reincidente.

Dato por demás alarmante si consideramos que el mismo Inegi reportó en 2009 una reincidencia en el ámbito nacional del orden de 14 por ciento, lo que significa un incremento de 85 por ciento en los seis años previos a la Empol de 2016

De la encuesta de 2016 se evidenció también que 60 por ciento de esta población reincidente fue sentenciada en su ilícito inmediato anterior por robo.

Destaca que la actividad delictiva fue el modus vivendi de 70.3 por ciento de la población que estuvo privada de la libertad, porque había dependientes económicos a la fecha de su arresto.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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