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Política

Propone PRI ‘prisión vitalicia’ para políticos corruptos

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRI) en la Cámara de Diputados, presentó en la Tribuna, una iniciativa de reforma constitucional, para que la sanción de prisión vitalicia no se considere “pena inusitada”, cuando se trate de enriquecimiento ilícito y delitos de corrupción.

El diputado Alejandro Domínguez señaló que el propósito de los cambios propuestos al artículo 22 constitucional, es penalizar de manera “ejemplar” a políticos y funcionarios públicos a quienes se compruebe se han enriquecido a costa el erario.

“Un funcionario público que gane 100 mil pesos, su salario es 100 mil entre 30, son cerca de tres mil 300 o tres mil 400 pesos diarios, lo multiplicas por cinco mil 600 en la Unidad de Medida y te da cerca de 20 millones de pesos el desvío de recursos, el ilícito. Cuando ese delito se cometa en ese monto y en esa cantidad, que sea prisión vitalicia. Debemos dar un mensaje claro a la corrupción, debemos de dar un mensaje claro hacia el futuro”, apuntó Domínguez Domínguez.

“Debemos también decirle al funcionario público que está pensando en eso que la sanción ha de ser ejemplar. Y reitero, no todos pueden ser tratados con el mismo rasero, si nosotros vivimos una circunstancia de señalamiento en temas de corrupción, debemos de dar el ejemplo: el llamado claro para que se establezca una sanción ejemplar, una sanción de a deveras como lo es la prisión vitalicia a quienes puedan cometer este tipo de actos”, refrendó,

Al aseverar que con ese tipo de medidas se combatirá en los hechos la corrupción, remarcó que ese fenómeno delictivo no es privativo de ningún partido político, sino que involucra a integrantes de distintas expresiones, distintos órdenes de gobierno y hasta candidatos independientes.

Manifestó que cuando fungió como diputado local por Chihuahua, en su entidad se aprobaron reformas penales, con el fin de imponer “prisión vitalicia” o cadena perpetua a los delitos de secuestro, extorsión y homicidios múltiples, que en consecuencia, disminuyeron su incidencia.

Tras indicar que la agenda política y social en el país está marcada por los temas de la inseguridad y la corrupción, el congresista subrayó que pensando “a futuro”, es preciso imponer penas severas a ese tipo de ilícitos, a través de modificaciones constitucionales y al Código Penal Federal.

Lo anterior, para sancionar el enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, el ejercicio abusivo de funciones públicas y la corrupción cometida por funcionarios públicos, con cadena perpetua.

Especificó que su propuesta prevé modificar el artículo 22 constitucional, para establecer que la prisión vitalicia no será considerada una “pena inusitada”, cuando el monto de los recursos en posesión de políticos y servidores públicos, supere por más de cinco mil veces los ingresos diarios.

Dijo que si “en el pasado” el PRI y el Gobierno Federal o servidores públicos de otros ordenes se vieron involucrados en enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, deben ser sancionados; pero el país también debe ver “a futuro”, porque actualmente el enriquecimiento ilícito sólo se penaliza con tres meses y hasta dos años de prisión; mientras que a quienes venden piratería en vía pública, se les aplican de seis meses a cinco años de prisión.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio y eventual dictaminación, remarcó.

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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