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Política

Propone senador establecer el salario mínimo en seis mil pesos

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El senador y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, propuso establecer el salario mínimo general en seis mil pesos, y así resolver los problemas económicos de los trabajadores.

En entrevista, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que debe aprovecharse la discusión de la minuta de reforma laboral para fijar dicha cantidad.

“Vamos tomando como base los seis mil pesos de salario mínimo”, para “iniciar un despegue de lo que verdaderamente reclaman y exigen los trabajadores de México, la remuneración salarial que les permita hacerle frente a la vida cara que hoy padecen millones de trabajadores”, subrayó.

En otro tema, Ayala Almeida afirmó que el desplegado del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin que pide al Senado avalar sin cambios la reforma laboral, es una orden a los senadores del Partido Acción Nacional, pues consideró que “los verdaderos jefes de muchos de ellos” son los empresarios.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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