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México

Proponen crear Ley de Derechos de los Jóvenes

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados propuso emitir una Ley General de los Derechos de los Jóvenes, que establezca condiciones de igualdad, acceso a políticas públicas y respeto a sus garantías.

La iniciativa del diputado Jesús Fernando García, recuerda que en México existen 37.5 millones de personas de entre 12 y 29 años, lo que representa el 30 por ciento total de la población, lo anterior, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El texto indica que es necesario garantizar los derechos de la juventud a la salud, educación, empleo, recreación, de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, y su inclusión en la toma de decisiones.

El congresista consideró que la población joven del país, la cual se estima es la más numerosa de la historia, requiere de políticas públicas que permitan revertir deficiencias, rezagos, y favorecer el acceso a servicios suficientes que cubran sus necesidades.

Prevé reconocer a ese sector de la población como un actor estratégico en el desarrollo del país.

Contempla garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública; al igual que mecanismos de acceso a la justicia.

Propone generar condiciones para los jóvenes migrantes, que contarán con espacios de alojamiento y albergues adecuados; aunado a que reforzará el respeto al derecho a la familia, para que los niños o jóvenes migrantes no sean separados de sus padres.

Señala que México deberá velar por el trato digno a los jóvenes y niños migrantes, por lo que la autoridad tendrá prohibido expulsar, deportar, devolver, o rechazar en la frontera, o no admitir el ingreso de jóvenes, cuando su vida o seguridad estén en peligro a causa de persecución o amenaza.

Añade que promoverá un sistema de justicia adecuado, con códigos y leyes específicas, así como la creación de instituciones y autoridades destinadas al tratamiento de jóvenes infractores.

La sanciones para los jóvenes que incurran en delitos, añade la propuesta, tendrán como ejes rectores el cuidado, la orientación, supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, colocación en hogares “de guarda”, programas de reinserción a través de la enseñanza y formación profesional, así como otras alternativas que permitan reintegrar socialmente al involucrado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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