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México

Proponen investigadores del colegio de postgraduados crear la comisión nacional del suelo

Investigadores del Colegio de Postgraduados trabajan en la propuesta al gobierno federal, para la creación de la Comisión Nacional del Suelo

Investigadores del Colegio de Postgraduados trabajan en la propuesta al gobierno federal, para la creación de la Comisión Nacional del Suelo, como organismo autónomo descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo, frente a la gravedad del problema de la erosión que afecta en forma severa al 70 % del territorio nacional, en demérito de la productividad de zonas agrícolas, ganaderas y forestales.

En el marco del diseño de políticas públicas modernas y acordes con los efectos del cambio climático y las estrategias relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre, emprendidas por el Presidente Peña Nieto, el grupo de profesores e investigadores de esta institución académica, encabezado por los doctores Manuel Anaya Garduño, Carlos Ortiz Solorio y Prometeo Sánchez García, expresaron que, históricamente, los mexicanos hemos considerado la explotación del suelo como principal fuente para la producción de alimentos.

Sin embargo, advirtieron, tenemos 310 millones de hectáreas de mar patrimonial en el Pacífico y el Atlántico, que se aprovechan para la pesca en su mínima expresión. Pero ante la desnutrición que padece buena parte de la población del país y la amenaza de hambruna por el deterioro de la productividad agropecuaria, ha llegado el momento de que los mexicanos iniciemos un movimiento de cambio de hábitos alimenticios.

Consideraron que es urgente articular y coordinar las actividades de conservación del suelo y agua. “Sin suelo, no hay calidad de vida, no hay vida, no hay alimentos, así que urge que echemos a andar programas intensivos de concientización en todos los niveles, para que la sociedad civil se movilice. Cada dueño de parcela, ejidatario o propietario, junto con familiares, debemos actuar para recuperar la cubierta vegetal del país”.

De igual manera, es preocupante el deterioro que han sufrido ancestralmente nuestros recursos naturales. En México los usos de la tierra están divididos en: 24 millones de hectáreas a la agricultura (18 millones bajo condiciones de temporal y 6 millones bajo riego); asimismo, 115 millones de hectáreas dedicadas a las especies ganaderas, en particular la bovina de carne, mientras que 45 millones de hectáreas son destinadas a las actividades forestales.

La Comisión Nacional del Suelo, dada la importancia social y económica del rescate de la cubierta vegetal en el país, tendría que ser con un carácter federal mediante decreto presidencial; contar con un presupuesto propio y un reglamento correspondiente, a fin de asegurar que los presupuestos asignados sean debidamente ejercidos y evitar los subejercicios y las transferencias de recursos y programas.comisión nacional del suelo

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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