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México

Proponen sanción de tres a cinco años de cárcel por maltrato animal

El maltrato animal, los actos de crueldad por omisión o bien cometidos de manera deliberada e intencional contra de cualquier especie animal, realizados por los propietarios, poseedores, tenedores, encargados, o terceros en relación con las personas anteriores, deberían ser sancionados con castigos de tres a cinco años de prisión y con multas de 300 y hasta tres mil días, propuso la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida Alejandra Esparza.

La integrante de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados, señaló que de acuerdo a organizaciones como Anima Naturalis, en México cada año 60 mil animales mueren al ser víctimas de maltrato, lo que coloca a nuestro país en el tercer lugar en nivel mundial en esa materia.
Por ello, propuso reformas al Código Penal Federal para castigar los actos de tortura, mutilación, falta de atención médica veterinaria, abandono en vía pública, incluso desatención por periodos prolongados, en contra de especies animales.

Lamentó que la ley federal no penalice los tratos crueles contra los animales y tampoco los reconozca como derechos de sujetos; aunque en 13 estados de la República hay normas que establecen medidas de protección.

La iniciativa enviada a la Comisión de justicia, pide agregar al Código Penal Federal los términos de maltrato animal y de bienestar animal, a fin de establecer expresamente en la ley ambos conceptos; así como obligaciones y sanciones correspondientes.

Puntualizó que la iniciativa prevé las sanciones señaladas y especifica los casos en que se aplicarán, como causar la muerte a través de cualquier medio que prolongue la agonía o sufrimiento del espécimen; así como sacrificarlos empleando métodos no previstos en las normas oficiales.

Señaló que debe ser castigado cualquier tipo de mutilación, alteración de la integridad física del animal, modificación negativa de sus instintos naturales sin causas justificadas, y cuando esto no se realice bajo el cuidado de un especialista o persona autorizada con conocimientos técnicos.

Agregó que la falta de atención médica cuando sea necesario, también debe ser sancionada; así como privar a los animales de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo, alojamiento conforme a su especie, abandono en la calle, y la desatención prolongada.

Indicó que cuando sea necesario el sacrificio, éste deberá ser humanitario, conforme a la ley; y si se trata de animales no aptos para consumo humano, se permitirá el sacrificio por causas de accidente, enfermedad, incapacidad física o transtornos seniles que comprometan su integridad y su bienestar.

También se permitirá el sacrificio si se trata de especies que constituyen amenazas para la salud; la economía de los dueños o por exceso en el número de individuos, y que esto pueda significar peligro grave para la sociedad, propuso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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