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Protestan en CDMX por violencia contra la mujer y decisión de SCJN sobre aborto en Veracruz

La mañana de este viernes, un contingente en su mayoría mujeres, marchó del Monumento a la Revolución con rumbo a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Primera Sala desechó el proyecto que proponía ordenar al Congreso de Veracruz legislar sobre el tema del aborto para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Con pancartas que mostraron su inconformidad, las manifestantes avanzaron sobre las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además del tema del derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo también exigieron un cese a la violencia feminicida y violaciones que se viven en todo el país.

“Queremos hacer presión para que el gobierno legisle en favor del derecho de las mujeres a tener un aborto legal, seguro y gratuito”, expresó una integrante del movimiento feminista que salió del Monumento a la Revolución para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino.

Se posicionaron en la Plaza de la República para incorporarse a la avenida Paseo de la Reforma, siguieron por avenida Juárez hasta la calle 5 de Mayo y la plancha del Zócalo.

Pretendían realizar una concentración en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicado en la calle José María Pino Suárez #2, en el Centro Histórico, sin embargo no lo lograron ya que estaba fuertemente custodiado por miles de elementos policíacos.

En el trayecto se registraron algunas confrontaciones físicas entre las manifestantes y los cuerpos de seguridad integrado por mujeres.

Las manifestantes fueron encapsuladas y elementos policíacos utilizaron gas lacrimógeno por lo que una agente resultó lesionada, presuntamente con un martillo y fue atendida por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y llevada a un hospital por fractura de mano.

Durante las últimas horas del jueves 30 de junio fueron instaladas «murallas» de seguridad en sectores de la Ciudad de México (CDMX), en busca de proteger edificios públicos y privados, así como monumentos.

“Cuando la marea retrocede, es para tomar fuerza”, escribió en una publicación de Twitter el colectivo Las brujas del mar, grupo feminista con gran relevancia dentro del movimiento, y una de la cuentas que difundió la convocatoria.

Con cuatro votos en contra por parte de ministros de la Primera Sala de la Corte de desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá, con el que se buscaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal al considerar que criminalizan el aborto y atentan contra los derechos de las mujeres.

El proyecto planteaba despenalizar la interrupción del embarazo en Veracruz hasta las 12 semanas de gestación, eliminar el plazo de 90 días para abortar en casos de abuso sexual e incluir la causal de riesgo para la salud de la mujer al interrumpir el embarazo.

Al conocer la resolución de la SCJN, el ministro González Carrancá declaró que no comparte “la determinación de que el asunto no sea procedente”. “En primer lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas”. Agregó que las mujeres contaban “con interés legítimo para reclamar dichas omisiones”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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