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Resto del mundo

Proyecto de ley busca registrar casas para detener inmigrantes en Bélgica

La oposición y las asociaciones judiciales belgas han criticado duramente el proyecto de ley presentado hoy por Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco (CD&V) para permitir que la policía registre viviendas para arrestar a inmigrantes ilegales.

En caso de aprobarse este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del gobierno federal belga, la policía sólo necesitaría la aprobación de un juez de instrucción para entrar en las viviendas de inmigrantes ilegales o de cualquier ciudadano belga que los acoja.
«Es un proyecto de ley escandaloso», aseguró el diputado de Ecolo Benoit Hellings, que entiende que «no se puede derogar un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio salvo en caso de que se cometan crímenes graves».

«La medida perseguirá a personas que no han cometido más delito que no tener papeles», afirmó Hellings en referencia a un proyecto de ley que, desde su punto de vista, «busca asustar a un importante movimiento social y criminalizar la solidaridad».

Por su parte, el partido Demócrata Federalista Independiente (DéFI) tachó la propuesta de «liberticida y desproporcionada» a través de un comunicado, en el que también alertó de que podría ser «una fuente de inseguridad jurídica».

El presidente del partido al que pertenece el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, Movimiento Reformador (MR), Olivier Chastel, aseguró que «las personas que están acogiendo a los inmigrantes del parque Maximillien no tienen de qué preocuparse».

La medida tampoco cuenta con el aval de la judicatura, pues la presidenta del sindicato de jueces belga, Manuela Cadelli, denunció que «el juez de instrucción tan solo podrá autorizar los registros, no tendrá ningún margen de maniobra».

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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