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Proyecto de ley busca registrar casas para detener inmigrantes en Bélgica

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La oposición y las asociaciones judiciales belgas han criticado duramente el proyecto de ley presentado hoy por Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco (CD&V) para permitir que la policía registre viviendas para arrestar a inmigrantes ilegales.

En caso de aprobarse este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del gobierno federal belga, la policía sólo necesitaría la aprobación de un juez de instrucción para entrar en las viviendas de inmigrantes ilegales o de cualquier ciudadano belga que los acoja.
«Es un proyecto de ley escandaloso», aseguró el diputado de Ecolo Benoit Hellings, que entiende que «no se puede derogar un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio salvo en caso de que se cometan crímenes graves».

«La medida perseguirá a personas que no han cometido más delito que no tener papeles», afirmó Hellings en referencia a un proyecto de ley que, desde su punto de vista, «busca asustar a un importante movimiento social y criminalizar la solidaridad».

Por su parte, el partido Demócrata Federalista Independiente (DéFI) tachó la propuesta de «liberticida y desproporcionada» a través de un comunicado, en el que también alertó de que podría ser «una fuente de inseguridad jurídica».

El presidente del partido al que pertenece el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, Movimiento Reformador (MR), Olivier Chastel, aseguró que «las personas que están acogiendo a los inmigrantes del parque Maximillien no tienen de qué preocuparse».

La medida tampoco cuenta con el aval de la judicatura, pues la presidenta del sindicato de jueces belga, Manuela Cadelli, denunció que «el juez de instrucción tan solo podrá autorizar los registros, no tendrá ningún margen de maniobra».

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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