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México

Publican lineamientos de seguridad sanitaria para trabajos

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La Secretaría de Economía publicó los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, que contiene principios y estrategias sobre las medidas de promoción y protección de la salud, y para el cuidado de poblaciones vulnerables, a considerarse para la elaboración del Protocolo de Seguridad Sanitaria.

El documento de 31 páginas detalla los lineamientos a aplicar de manera obligada para las acciones y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales, como ocurre desde el 14 de mayo con la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte.

Asimismo estos lineamientos se constituirán en el referente del resto de las actividades esenciales en las áreas que les resulte de aplicación.

El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como se establecen acciones extraordinarias.

Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al citado acuerdo; los lineamientos son un anexo.

De ellos destaca que a partir de este lunes 18 de mayo, las empresas e industrias responderán el documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que está en la página www.gob.mx/nuevanormalidad.

Una vez entregada la “autoevaluación” el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no mayor a 72 horas.

Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico sobre la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo de seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales.

En caso de negativa por parte del IMSS las empresas podrán volver a realizar el trámite y el IMSS los asesorará.

La estrategia consta de tres etapas la primera que inicia este 18 de mayo y comprende los Municipios de la Esperanza, los cuales no tienen contagios reportados por SASR-CoV-2,y ni vecindad con municipios con contagios. Y en estas localidades se dará apertura a toda la actividad laboral.

La segunda etapa se desarrolla entre el 18 y el 31 de mayo y consiste en una preparación para la reapertura. En esta etapa, las empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas como esenciales que adopten y validen los protocolos, podrán reiniciar actividades de conformidad con el proceso establecido para tal efecto.

Asimismo, todas las empresas prepararán el proceso de implementación de sus protocolos para el reinicio seguro de actividades laborales, incluido en estos lineamientos.

La tercera etapa será el 1 de junio, cuando iniciará la reapertura socio-económica mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal) que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social.

De esta manera, la Secretaria de Economía, en conjunto con la Secretaria de Salud y el IMSS buscan iniciar una reapertura, gradual y cauta de las actividades laborales.

El Acuerdo establece que si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente dará inicio a sus operaciones, pero en caso de incumplir se procederá a la clausura que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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