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“Pudo ser peor”: Jorge Alcocer reconoció crisis sanitaria en comparecencia en la Cámara de Diputados

Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), ofreció su comparecencia en materia sanitaria respecto a la pandemia de la nueva cepa de coronavirus en México, donde reconoció el daño que ha causado esta enfermedad a la población y afirmó que “pudo ser peor”.

Durante su ponencia, el Inmunólogo de la UNAM brindó los números del avance del COVID-19 en la república y los comparó con los de otras naciones y aseguró que de acuerdo con la información oficial de cada gobierno, el estado mexicano se ubica en el lugar 15 de las naciones con más afectación por el SARS-CoV-2.

No son datos para enorgullecernos, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor
Alcocer Varela recordó que el sistema de salud que recibió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba caracterizado por el abandono y la precariedad, lo cual fue un factor determinante para atender a las personas que padecieron esta enfermedad; no obstante, manifestó que está convencido de que México superará los embates sanitarios generados por el nuevo coronavirus.

“Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos, como ustedes saben, el gobierno con hospitales abandonados o a medio construir, y con déficit de más de 200,000 profesionales de la medicina”, explicó durante su comparecencia.

El doctor en Ciencias Médicas también explicó los esfuerzos que ha hecho la dependencia que preside en tiempos de la pandemia, donde conseguir los insumos, acondicionar las instalaciones y comprar y fabricar soportes de respiración mecánica fueron la prioridad desde que se tenía conocimiento del potencial infeccioso de esta enfermedad aún antes de que llegara a suelo azteca.

“En pocos meses reconvertimos, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, cerca de mil hospitales para atender a pacientes con COVID-19. Se instalaron 32,203 camas y 10,612 con ventiladores. Asimismo, se contrataron 47,000 médicos generales y especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud”, abundó. Aunado a esto, explicó como todo un logro que, las instalaciones médicas no se han visto saturadas en ningún momento, lo cual es un fuerte indicador de que la ciudadanía acató correctamente las instrucciones de aislamiento social.

Finalmente, señaló las metas a corto plazo para combatir al SARS-CoV-2, en donde la relevancia de la vacuna resulta sustancial para poder materializar la inmunidad de la población mexicana.

“Hace 10 días formalizamos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Nuestro objetivo es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de la salud, junto con los grupos vulnerables”, informó.

A pesar de la explicación por parte del secretario federal, los partidos de oposición se manifestaron en contra de Alcocer y señalaron que el modelo que implementó la secretaría fue un fracaso. Tal fue el caso de la diputada federal Martha Romo, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien le entregó al secretario una urna en representación de los más de 87,000 muertos por esta enfermedad.

Adicional a esto, la secretaria de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro y maestrante en Nutrición colocó cruces en el recinto legislativo para manifestar su desencanto con las vidas perdidas por la enfermedad que llegó a México en febrero de este año.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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