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México

“Pueden generar un efecto positivo”: Patricia Mercado sobre «adopción» de Mariana y Samuel

Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano (MC), reconoció que en lo relacionado a la polémica suscitada por Samuel García y Mariana Rodríguez, se debería de atender el criterio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

A través de redes sociales, la excandidata a la presidencia de México señaló este martes 18 de enero que ha dado seguimiento a la “conversación pública sobre las actividades del gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez en su relación con un niño que se encuentra bajo custodia del DIF de Nuevo León”.

En ese sentido resaltó lo mencionado por instituciones públicas y de la sociedad civil, pues las personas servidoras públicas deben de “cuidar el interés superior de la niñez en todo acto o propuesta que les involucre”.

Y es que el pasado fin de semana, el matrimonio García-Rodríguez convivieron con un bebé que estaba bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) del estado que gobierna el abanderado del partido naranja. Motivo por el cual el CEDHNL manifestó un extrañamiento por la sustracción del menor.

“La CEDHNL emitió un exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), derivado de la difusión de imágenes y videos de menores de edad que se encuentran ingresados y/o en acogimiento residencial”, escribió en sus redes sociales tras la difusión de material audiovisual e imágenes del bebé que convivió con el matrimonio.

Asimismo, se solicitó al funcionario adoptar las medidas pertinentes a la dependencia que dirige, mismas que buscarán garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de los menores que se encuentran en guardia y custodia del DIF.

“Que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, esto con el fin de prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”, exhortó la CEDHNL.

El documento también le exigió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes vigilar los procedimientos y formas de intervención de los funcionarios que atienden a niñas, niños y adolescentes. “Invariablemente observen el marco legal aplicable”.

Aunado a esto, la CEDHNL añadió que el DIF debería crear un programa de capacitación para las personas servidoras públicas que laboran directamente en espacios donde son atendidos los menores de edad y tendrá el objetivo de enseñar sobre el respeto a los derechos humanos.

Cabe recordar que, junto con la CEDHNL, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) condenó el acto del gobernador y su esposa y reprochó la “exposición excesiva e innecesaria de este niño”.

Finalmente, Mercado Castro planteó esto como una “oportunidad” para el matrimonio García-Rodríguez pueda promover la adopción sin discriminación.

“Este episodio es una oportunidad para que el Gobierno de NL haga más ágiles los procesos de adopción. Estoy segura que Mariana y Samuel pueden generar un efecto positivo que anime a más familias a buscar la adopción de niñas y niños, sin discriminación”
Sin embargo, los múltiples reclamos de diversos ciudadanos no se han dejado de ver manifestadas en redes sociales, en donde criticaron sobre la banalización de ayudar a un bebé en una circunstancia de desventaja ante la vida.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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