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Puerto Rico debe hablar inglés para poder ser estado americano

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Rick Santorum dijo el miércoles que la isla de Puerto Rico debe adoptar al  inglés como su idioma principal antes de obtener la condición de estado.

Santorum consideró el requisito del idioma como una cuestión de derecho federal, aunque la Constitución de Estados Unidos no establece ningún requerimiento del idioma para los territorios que buscan obtener su condición de estado.

Al hablar con el periódico El Vocero de Puerto Rico, a Santorum se le preguntó si apoyaría que la isla, donde el principal idioma es el español, sea un estado más de Estados Unidos.

«Al igual que cualquier otro estado, es necesario que exista el cumplimiento de esta y cualquier otra ley federal», dijo el exsenador por Pensilvania. «Y es por eso que el inglés debe ser la lengua principal”.

“Hay otros estados con más de un idioma, como Hawai, pero para ser un estado de Estados Unidos, el inglés debe ser el idioma principal”.

El artículo IV, en su sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, explica en detalle cómo pueden ser admitidos los estados en la unión, sin hacer mención al requisito del idioma.

Actualmente no existe una ley que declare que hay una lengua oficial de Estados Unidos, a pesar de que se han hecho varios intentos para darle al inglés esa designación.

El inglés y el español son los idiomas oficiales de Puerto Rico, aunque el español es, con mucho, el idioma dominante en la isla.

El Congreso tendría que aprobar la estatidad para Puerto Rico después de que los residentes voten en un referéndum si quieren convertirse en un estado o seguir siendo un estado libre asociado.

Santorum hizo campaña en Puerto Rico el miércoles, antes de la primaria del Partido Republicano en el territorio el domingo. Un total de 23 delegados están en juego.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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