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Puerto Rico debe hablar inglés para poder ser estado americano

Rick Santorum dijo el miércoles que la isla de Puerto Rico debe adoptar al  inglés como su idioma principal antes de obtener la condición de estado.

Santorum consideró el requisito del idioma como una cuestión de derecho federal, aunque la Constitución de Estados Unidos no establece ningún requerimiento del idioma para los territorios que buscan obtener su condición de estado.

Al hablar con el periódico El Vocero de Puerto Rico, a Santorum se le preguntó si apoyaría que la isla, donde el principal idioma es el español, sea un estado más de Estados Unidos.

«Al igual que cualquier otro estado, es necesario que exista el cumplimiento de esta y cualquier otra ley federal», dijo el exsenador por Pensilvania. «Y es por eso que el inglés debe ser la lengua principal”.

“Hay otros estados con más de un idioma, como Hawai, pero para ser un estado de Estados Unidos, el inglés debe ser el idioma principal”.

El artículo IV, en su sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, explica en detalle cómo pueden ser admitidos los estados en la unión, sin hacer mención al requisito del idioma.

Actualmente no existe una ley que declare que hay una lengua oficial de Estados Unidos, a pesar de que se han hecho varios intentos para darle al inglés esa designación.

El inglés y el español son los idiomas oficiales de Puerto Rico, aunque el español es, con mucho, el idioma dominante en la isla.

El Congreso tendría que aprobar la estatidad para Puerto Rico después de que los residentes voten en un referéndum si quieren convertirse en un estado o seguir siendo un estado libre asociado.

Santorum hizo campaña en Puerto Rico el miércoles, antes de la primaria del Partido Republicano en el territorio el domingo. Un total de 23 delegados están en juego.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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