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Política

Putin reúne monto máximo para fondo de campaña electoral

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reunido 400 millones de rublos, unos 7 millones de dólares, en el fondo de su campaña electoral, el máximo permitido por la ley, informó este lunes el Comité Electoral Central (CEC) ruso.

El fondo para la campaña de Putin, que se postula para la reelección en los comicios presidenciales del próximo 18 de marzo, se ha nutrido de donaciones del partido oficialista Rusia Unida y de varias organizaciones civiles.

La formación dirigida por el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, ha respaldado al jefe del Kremlin pese a que éste concurre al proceso electoral como candidato independiente.

Según la CEC, Putin ya se ha gastado unos 250 mil dólares del fondo de su campaña, de los cuales 156 mil dólares se han destinado a la impresión y difusión de propaganda electoral.

Además de Putin, pretenden concurrir a las elecciones al menos otras dos docenas de candidatos, entre ellos el liberal Grigori Yavlinski y el ultranacionalista Vladímir Zhirinovski, pero ninguno con posibilidades reales de llegar a la presidencia de Rusia.

Los aspirantes al Kremlin podrán presentar la documentación necesaria para inscribirse entre el 27 de diciembre y el 31 de enero.

En cuanto a los candidatos independientes, como es el caso del actual mandatario ruso, estos, según marca la ley, deben ser propuestos por una iniciativa popular y presentar a la autoridad electoral un mínimo de 300 mil firmas.

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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