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México

PVEM-Chiapas, en rebelión por imposición priista en candidatura

El líder estatal del PVEM, alcaldes y diputados locales entraron en franca rebelión luego de conocer que su partido irá en alianza con el PRI rumbo a las elecciones locales de julio para elegir gobernador del estado, y que llevarán como candidato de unidad al senador del tricolor, Roberto Albores Gleasson.

Tras conocerse la noticia, el primero en protestar fue el líder estatal del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, quien es a su vez diputado presidente del Congreso del Estado, donde 14 de los 16 legisladores locales presentaron este sábado su renuncia a ese partido político.

Ramírez Aguilar envió dos videomensajes políticos en los que dijo que siempre ha sido partidario de los amplios consensos que se logren, escuchando todas las voces, sin embargo repudió los acuerdos cupulares de su partido ante el PRI para ir en alianza con ese partido y aceptar como candidato a Albores Gleasson.

Por ello, convocó a todos los miembros de su partido y simpatizantes de su proyecto político a una Asamblea Estatal por la Dignidad a realizarse este domingo 21 en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Ramírez Aguilar, quien se postulaba para ser candidato a gobernador por el PVEM, señaló que escuchará a todos los miembros de su partido y simpatizantes para tomar una decisión “ante esta imposición” desde el centro del país.

Ante lo que denominaron “imposición de la coalición de la gubernatura del estado que beneficia a otro partido político”, los diputados integrantes del PVEM en el Congreso renunciaron a su militancia y se declararon legisladores independientes.

En rueda de prensa, 14 de 16 legisladores señalaron que la decisión de integrar la coalición fue hecha a espaldas de la base militante del Verde Ecologista, sin tomar en cuenta el voto y la decisión de la primera fuerza política del estado de Chiapas.

Por tal razón, la diputada Dulce María Rodríguez Ovando sostuvo que como integrantes de la Fracción Parlamentaria de dicho instituto político en el Congreso del Estado determinaron renunciar a su militancia.

En ese sentido, la diputada Viridiana Figueroa García sostuvo que el Verde Ecologista no necesitaba de ninguna imposición, ya que cuenta con hombres y mujeres de gran trayectoria política y arraigo social, que merecían participar en un proceso de selección abierta y democrática.

Respecto a la temática, la diputada Cecilia López Sánchez destacó que la decisión fue tomada de forma consensada, sin presión alguna y en pleno respeto a la militancia, a las comunidades indígenas y a todos los sectores que los favorecieron con su voto.

En las próximas horas se realizará el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica del Congreso del Estado para oficializar su renuncia al PVEM, por lo pronto, los diputados continuarán trabajando en la agenda legislativa como independientes, y en su momento, señalaron, analizarán su inclusión a otras siglas políticas.

En la rueda de prensa estuvieron presentes las y los diputados: Dulce María Rodríguez Ovando, Mauricio Cordero Rodríguez, Viridiana Figueroa García, Sandra Luz Cruz Espinosa, Limbano Domínguez Román, Cecilia López Sánchez, Ada Celia González Durán, Alberli Ramos Hidalgo, Santiago López Hernández, Fidel Álvarez Toledo, Hugo Francisco Pérez Moreno, Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández, Jesús Arnulfo Castillo Milla y Rubén Peñaloza González.

Por otra parte, ante esta rebelión del Verde en Chiapas, desde el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido se dijo que ante diversas menciones que han surgido en los medios de comunicación respecto a presuntas inconformidades al interior del Partido Verde en Chiapas, de cara al próximo proceso electoral en el que tendrá lugar la renovación de la gubernatura estatal, este instituto político hace constar que el diálogo se encuentra abierto tanto con los cuadros internos, como con los diversos representantes que componen su estructura al interior del Estado.

Se dijo que es natural que el clima de efervescencia electoral que se vive en Chiapas genere inquietudes, pero el diálogo no se agota dentro del Partido Verde, aseguraron.

“Estamos seguros que, mediante el diálogo, habremos de encontrar la mejor vía que lleve nuevamente al triunfo, a la alianza PVEM-PRI en el Estado”, concluyeron.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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