El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, expresó su postura tras la advertencia emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre una posible reducción de sus facultades, derivada de la atracción al ámbito federal del caso del exgobernador Javier Corral Jurado.
El presidente municipal señaló que lo deseable es que cualquier persona señalada por presuntas irregularidades enfrente los procesos legales en Chihuahua, al subrayar que la ciudadanía esperaba que las responsabilidades se resolvieran en el estado donde presuntamente ocurrieron los hechos, sin recurrir a mecanismos que puedan interpretarse como una forma de protección.
Bonilla advirtió que la alerta de la ASE pone en evidencia la importancia de preservar intactos los procesos de fiscalización, al recordar que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y no a quienes los administran, por lo que cualquier debilitamiento en la revisión del gasto público representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, enfatizó que es indispensable garantizar la continuidad de las auditorías y que, en caso de detectarse irregularidades, estas sean sancionadas conforme a la ley en el ámbito estatal, con el objetivo de proteger los intereses de las y los chihuahuenses.
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