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Opinión

¿Qué debemos esperar del caso Ixtapaluca? Por Aquiles Córdova Morán

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La contienda por la presidencia municipal de Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes y poblados del oriente del Estado de México, donde la abogada Maricela Serrano Hernández, destacada antorchista mexiquense y diputada al H. Congreso de la Unión, representó a la alianza PRI-PVEM, rebasó con mucho los peores temores sobre guerra sucia, deslealtades y traiciones de la vieja militancia priista y en materia de zancadillas y maniobras como la compra masiva del voto y la coacción del mismo mediante amenazas de muerte, violencia física y agresiones al patrimonio de los seguidores de la candidata. A ello hay que sumarle el intenso activismo para inducir el voto “cruzado”, es decir, sufragar por el candidato presidencial del PRI pero no por Maricela, sino por el abanderado del PAN para la alcaldía. La basura excrementicia contra Maricela se salió completamente de madre; rebasó con mucho los límites de una campaña dura, agresiva y sin concesiones, pero campaña política al fin, para convertirse en una típica guerra de mafias, ésa que no se detiene ante ninguna injuria por baja, soez y degradante que sea, ya que su propósito no es discutir tesis o proyectos políticos sino abrir camino a la agresión física y al asesinato del oponente en caso necesario. La virulencia brutal de ese lenguaje, busca siempre dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar quien se escuda tras ese tipo de libelos infames. Las calles y muros de Ixtapaluca fueron literalmente tapizados con papeluchos inmundos en los que lo menos que se decía de Maricela era: “asesina”, “invasora”, “corrupta”, “ladrona”, “lacra” y otras elegancias del lenguaje gansteril por el estilo.

Pero no bastó con eso. Se le hicieron llegar, por su teléfono móvil, amenazas “anónimas” contra su vida y la de sus hijos, de los cuales se añadían nombres y ubicación para probar que la amenaza iba en serio; se colocaron coronas fúnebres a las puertas de su domicilio y del de sus principales aliados; les robaron sus vehículos a varios de ellos; les propinaron severas golpizas a varios jóvenes de su equipo de promotores y se llegó al extremo de intentar sabotear el autobús de un grupo de danza que apoyaba la campaña, buscando provocar un accidente mortal en carretera. Menudearon los “spots” injuriosos en la televisión local y se subieron a las redes sociales videos que resumían todos los epítetos, injurias, difamaciones y calumnias previamente difundidas por los oponentes, a los que se agregaron otros que forman parte del arsenal permanente de ciertos medios contra el Movimiento Antorchista, llamando a la gente a no votar por la candidata del PRI-PVEM. Pero, al final del día, pasando por encima del lodo y del excremento, remontando calumnias, injurias e imputaciones falsas, derrotando la masiva compra de votos y el miedo justificado de muchos de sus seguidores más comprometidos, Maricela Serrano ganó la elección. Es verdad que por un margen de poco menos de mil votos, pero, si se tienen en mente todo lo que hubo de enfrentar y vencer, la casi absoluta falta de apoyos institucionales, la parcialidad evidente de los medios en su contra, las intimidaciones, etc., no hay duda de que esta victoria es una verdadera hazaña política, una gesta heroica de Maricela, sus aliados y simpatizantes, su equipo de campaña y el verdadero pueblo de Ixtapaluca, ése que se negó a vender su conciencia y su voto por treinta monedas; una lección de reciedumbre moral, valor personal y verdadera educación democrática que debe ser conocida y reconocida por el país entero, comenzando por las autoridades electorales y políticas del Estado de México.

Pero, como anticipaba con toda certeza la ferocidad gangsteril de su campaña, la mafia de Ixtapaluca y sus poderosos padrinos no aceptan el veredicto de las urnas, a pesar de que las actas con los resultados de la elección fueron firmadas por los representantes de todos los partidos políticos participantes, incluido el del PAN, bajo cuya siglas se cobijó la mafia arriba mencionada, y de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla, con resultados igualmente desfavorables para ellos. No obstante, y apoyándose en lo exiguo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procedieron de inmediato a impugnar la elección; sin embargo, sabedores de que ese argumento no tiene peso legal alguno (y menos para anular el proceso), pues, como todo mundo sabe, en democracia se gana o se pierde por un solo voto de diferencia, sus abogados armaron un mamotreto “jurídico” cuyo pilar central es un resumen de la basura que la mafia misma lanzó durante la campaña, enriqueciéndolo con algunos de los tópicos más sobados que desde hace rato manejan ciertos medios en contra del Antorchismo Nacional, alegato que apuntalan con la cita puntual del medio y la fecha en que se publicó el infundio. Como esto tampoco hace prueba plena de nada, los señores se sacan de la manga el caso de una persona que, siendo policía municipal en activo, fungió, según ellos, como representante general de la coalición PRI-PVEM, y eso, concluyen, sí es causa de nulidad. Pero resulta que la persona señalada no desempeñó ningún cargo en el proceso, lo que se demuestra con el hecho de que su firma no aparece en ninguno documento oficial; estaba de permiso, además, con antelación a la fecha de la elección y el recibo de nómina, que aportan como prueba, es un documento privado que les fue filtrado ilegalmente, es decir, que cometen delito tanto quienes lo esgrimen como quien se los filtró, lo que prueba, de paso, el contubernio entre la mafia y las autoridades municipales de Ixtapaluca.

La litis está en el Tribunal Electoral del Estado de México y, en esta fase al menos, de él depende que se reconozca la hazaña electoral de Maricela y se respete la voluntad de los ixtapaluquenses. Pero todo el accionar de la mafia aquí brevemente descrito, más el sospechoso comportamiento de algún notario público que certificó hechos que no le pudieron haber constado, más la filtración del recibo de nómina de la supuesta representante general, hablan muy claro de que, detrás del grupo de Ixtapaluca, hay intereses más poderosos que se oponen a que Maricela asuma la presidencia municipal. Y todos sabemos que, en casos como éste, influyentismo mata derecho, por obvio y transparente que sea. Resulta, por tanto, indispensable que el señor gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, garantice la plena aplicación del derecho electoral y el respeto a la voluntad de Ixtapaluca emitida en las urnas. Y más aún: si Maricela gana el juicio, como debe ocurrir si no se tuerce la ley (y ante la sola probabilidad de que eso ocurra), es de temerse que su vida y su seguridad personal corran mayor riesgo que hasta hoy. Así lo sugiere la sangrienta aventura de la famosa “Loba” de Chimalhuacán, hecho que en numerosas oportunidades ha sido mencionado por la mafia de Ixtapaluca, vaticinando que algo similar “puede ocurrir” allí. El Antorchismo Nacional juzga prudente y necesario alertar desde ahora al gobierno del estado y a la opinión pública, cumpliendo el deber de intentar conjurar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Ojalá que nuestra advertencia no sea menospreciada, como ha ocurrido en varias otras ocasiones.

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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