La cumbre de ministros de finanzas y banqueros de los países miembros del G20 logró avances este viernes en Venecia en el debate para imponer un impuesto a las multinacionales y acabar con los paraísos fiscales y el “dumping fiscal”.
Se trataría de establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15% sobre los beneficios de las multinacionales, lo que podría cambiar radicalmente la arquitectura actual de la tributación internacional.
Los países del G20 adhirieron todos, el pasado 1 de julio, a la reforma tributaria bajo la égida de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), pero deben llegar también a sellar “un acuerdo político”.
Según un borrador obtenido por la AFP, los ministros de Finanzas del G20 deberán “aprobar” ese acuerdo “histórico” para una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa.
Negociada desde hace años, la reforma se centra en dos pilares: fijar una tasa mínima global y crear un sistema orientado a distribuir los impuestos a las multinacionales de manera más justa, de acuerdo con las ganancias obtenidas en cada país, independientemente de su sede.
Tanto el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, como el de Argentina, Martín Guzmán, están a favor de una tasa mínima global superior del 15%.
“Pensamos que […] un impuesto global de al menos el 15% es un paso muy positivo, pero claro que más sería mejor”, declaró Guzmán.
El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10,000 grandes empresas (Foto: Reuters/ Gustavo Graf Maldonado)
¿Cómo afectará el impuesto mínimo global?
El sistema planteado pretende reasignar parte del impuesto que pagan las multinacionales a los países “de mercado”, es decir, aquellos que no operan en el país sede. Además de la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de, al menos, el 15% a las empresas con una facturación como poco de USD 890 millones.
El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10,000 grandes empresas, incluidas las que estén relacionadas con México.
Aunque países como Francia, Alemania, Argentina o Estados Unidos pidieron una tasa más alta, al final se dio a conocer que la tasa mínima efectiva sería del 15%. Esta generaría ingresos adicionales de 150,000 millones de dólares al año, según la OCDE y tiene la finalidad de evitar que las multinacionales y en especial la Gafa (acrónimo que designa a los gigantes Google, Amazon, Facebook y Apple), paguen impuestos irrisorios en relación a sus ingresos.
Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo en un mensaje que la reunión del G20 fue “extremadamente exitosa, pues el punto más importante que era la aprobación del impuesto mínimo global llegamos a un acuerdo realmente de carácter histórico que va garantizar disminuir al mínimo la evasión fiscal, sobre todo entre las grandes empresas”.
El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)
Además, el funcionario mexicano recalcó que se trató el tema de la recuperación de la pandemia y el rol que juegan actualmente las vacunas al respecto. “Todos concluimos que francamente ya estamos en una etapa de recuperación, pero también tuvimos que aceptar que es una recuperación asimétrica donde hay países con acceso muy limitado a las vacunas”.
Finalmente, recalcó los temas de cambio climático y los derechos especiales de giro, es decir, la reservas que tienen los países en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Explicó que existen dos posturas, la primera en la que solo los países con ingresos muy bajos deben tener acceso al fondo y otra que dice que todos los países deben tener acceso a ese recurso.
El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.
El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.
En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.
Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.