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México

¿Qué es la Revocación de Mandato a la que se someterá AMLO y para qué sirve?

A poco más de tres años de asumir la Presidencia de la República, el próximo mes de abril, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el primer mandatario de México en someterse a una Revocación de Mandato, pero ¿qué es y para qué sirve? Te lo platicamos.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se trata de un instrumento de participación, solicitado por la ciudadanía, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del titular de la Presidencia de la República, “a partir de la pérdida de confianza”.

Para hacer posible la consulta de Revocación de Mandato, es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, una recolección de firmas ciudadanas que soliciten la aplicación de la misma. Estas firmas deberán ser equivalentes al 3% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, de al menos 17 entidades de la República Mexicana.

Una vez validadas las firmas, el INE debe ser el instituto encargado en realizar la consulta
Cabe mencionar que desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada, pactada para el próximo 10 de abril, quedará prohibida la propaganda gubernamental, excepto la relativa a la educación, salud y protección civil.

Quienes están a favor de su aplicación argumentan que ello tiene un efecto disciplinario sobre los funcionarios públicos electos, como el presidente, pues los representantes elegidos podrían cuidar más su manera de gobernar y tomar decisiones menos impopulares.

Por su parte, quienes están en contra afirman que esta herramienta de participación ciudadana podría ser utilizada por opositores para afectar políticamente a los funcionarios públicos elegidos a través del voto.

Apenas este domingo 16 de enero, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, informó que ya se verificaron el 90% de las firmas para llevar a cabo el ejercicio de la Revocación de Mandato del titular del Poder Ejecutivo.

Señaló que de éstas, más de 2.4 millones preliminarmente verificadas representan alrededor del 90% de los 2 millones 758 mil firmas que se requieren para cumplir con el requisito constitucional para que la Revocación de Mandato sea convocada por el INE.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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