La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados se pronunció a favor de impulsar a la brevedad, la dictaminación de las iniciativas de reforma presentadas por legisladores de distintas fracciones en San Lázaro y el Senado, para despenalizar el consumo de marihuana.
La vicecoordinadora perredista, Verónica Juárez, recordó que la iniciativa presentada en semanas pasadas, plantea como uno de los ejes centrales, que el Estado tenga la potestad y control de la regulación de dicha sustancia en todas sus etapas, desde la producción y el consumo terapéutico y lúdico.
“Cómo el Estado puede, como la regulación puede pasar al Estado y que se haga cargo entonces, desde lo que tiene que ver con espacios de parcelas, ver todo lo que tenga que ver con la producción, lo que tenga que ver con el transporte, con la industrialización, con la compra, con la venta. También en la iniciativa se prevén algunas otras cosas que tienen que ver como que tengamos justicia terapéutica para aquellos consumidores considerados problemáticos”, indicó la legisladora.
La también secretaria de la Comisión de Justicia de San Lázaro señaló que hay condiciones para que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, se dictaminen las iniciativas presentadas por distintas fuerzas parlamentarias.
Durante el foro “¿Legalizar la marihuana?”, Juárez Piña indicó que solicitará analizar los planteamientos en conferencia con el Senado de la República, a fin de elaborar y proyecto integral, que establezca normas adecuadas, en especial en el tratamiento a los consumidores “problemáticos” y en la cantidad de hierba que se permitirá cultivar, procesar y consumir.
Recordó que su iniciativa propone eliminar el tope de cinco gramos de marihuana permitidos para consumo personal, y autorizar que en cada unidad habitacional puedan cultivarse hasta tres matas de la planta, a fin de atender la saturación en cárceles, pobladas de jóvenes consumidores.
En el encuentro, el investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Froylán Enciso, se pronunció a favor de transitar de la “guerra contra las drogas” al control de las sustancias, a fin de quitarle las ganancias a las organizaciones criminales y redireccionar los recursos generados en justicia social, a fin de evitar el proceso de militarización que propone el Ejecutivo Federal, con la Guardia Nacional.
Recalcó que si el Estado regula el mercado de cannabis, podría aprovechar las ganancias, dar solución y alternativas distintas al crimen organizado, a los campesinos que producen marihuana y amapola, lo anterior, otorgando licencias.
Los recursos obtenidos deberían etiquetarse para un fondo de reparación del daño a víctimas del delito, desarrollo comunitario en las zonas productoras y en políticas de prevención.
Por su parte, la directora general de la organización México Unido contra la Delincuencia, Lisa María Sánchez, indicó que la intervención de las autoridades en el mercado, en caso de que se establezca en México, debe seguir reglas estrictas y controles claros, para aprovechar la industria, sin que ello derive en la generación de un segundo mercado negro, alterno al que manejan las organizaciones de crimen organizado.
A su vez, Saúl López, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que la regulación de la marihuana debe tener perspectiva se salud pública.
El Estado, apuntó, debería ser el receptor de la marihuana sembrada por productores locales, y el encargado de otorgar “franquicias” para su venta, incluyendo el debido cobro de impuestos.
