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Qué hay detrás de la empresa dueña del barco norcoreano detenido en México

La empresa Ocean Maritime Management Company Limited, señalada por la ONU como la dueña del barco norcoreano ‘Mu Du Bong’ que permanece detenido en Veracruz desde junio pasado, se ha visto involucrada en otros problemas en los últimos años.

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La empresa Ocean Maritime Management Company Limited, señalada por la ONU como la dueña del barco norcoreano ‘Mu Du Bong’ que permanece detenido en Veracruz desde junio pasado, se ha visto involucrada en otros problemas en los últimos años.

El Gobierno de Corea del Norte rechaza que la empresa sea propietaria del buque, por lo que exigió a México que le permita salir del territorio toda vez que ya pagó los daños ocasionados al encallar en un arrecife, lo que originó en un inició su retención en el país.

La compañía con sede en Pyongyang, capital de Corea del Norte, cuenta con 17 barcos que surcan principalmente las aguas alrededor de China gracias a sus vínculos con el Gobierno de ese país, de acuerdo con The Washington Post.

Hasta 2014, Ocean Maritime Management era considerada como la mayor empresa de transporte propiedad del Estado de Corea del Norte, de acuerdo con Gary Li, analista de IHS Maritime.

La firma también es propietaria de un centro de entrenamiento de tripulación y del astillero Ryongnam, ubicado en la costa oeste de Corea del Norte, que al parecer ha estado involucrado en la construcción de buques militares, aseguró un experto en tráfico marítimo de armas a The Washington Post.

Ocean Maritime Management es responsable de tramitar las solicitudes de pasaportes para todos los marineros de Corea del Norte, según The Washington Post.

En julio de 2013, las autoridades de Panamá detuvieron a otro buque de la empresa, el ‘Chong Chon Gang’, y descubrieron en su interior 240 toneladas de armas cubanas de la era soviética ocultas bajo más de 200,000 bolsas de azúcar.

Cuba dijo más tarde que el armamento, que incluía misiles antiaéreos, cohetes en partes y piezas, aviones Mig-21 Bis y 15 motores de este tipo de aviones, fueron enviadas a Corea del Norte para ser reparadas.

Sin embargo, el 28 de julio de 2014, el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU sancionó a la compañía naviera por violar un embargo mundial de armamentos impuesto a Corea del. La ONU prohibió a la compañía operar fuera de las fronteras de su país y pidió a sus miembros congelar los activos de la naviera, de acuerdo con el diario El País.

CNN Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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