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¿Qué hay tras los disturbios, más tenebrosos que graves, del 1 de diciembre? Por Aquiles Córdova

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No es posible, desde luego, ni conveniente tampoco, esconder tras las palabras la gravedad de los disturbios que grupos de jóvenes (al menos eso parecían) encapuchados, perfectamente armados y, al parecer, bien mentalizados y entrenados para ese tipo de terrorismo urbano, perpetraron en el corazón mismo de la capital del país, el sábado 1° de diciembre, fecha en que rindió protesta como Presidente de México el Lic. Enrique Peña Nieto. La nación entera presenció consternada, indignada y alarmada (todo al mismo tiempo) la saña, la fiereza y la irracionalidad con que arremetieron con todo en contra de la policía, del muro metálico colocado para garantizar la seguridad del evento mencionado y, poco después, contra bancos, hoteles, restaurantes, comercios en general, y contra la infraestructura recién restaurada de la alameda central: quebraron lámparas, arrancaron de cuajo bancas de acero ancladas al piso, derribaron estatuas de su plinto y no se salvó, siquiera, el monumento al Benemérito de las Américas don Benito Juárez. El desafío a las fuerzas policíacas fue mayúsculo; y no cabe duda de que, en varios momentos, la vida misma de los guardianes del orden estuvo en juego, a pesar de lo cual, éstos mantuvieron la serenidad y la mesura que la peligrosa situación demandaba. Creo que es menester reconocer, con total desinterés y sinceridad, la responsabilidad, el profesionalismo y la disciplina con que se condujeron estos servidores públicos, así como el dominio del oficio, la inteligencia y la mesura de los mandos superiores y de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo. Un paso en falso de cualquiera de ellos y la tragedia se hubiera desbordado sin lugar a dudas.

Pero si la magnitud y las características del ataque lo ubican como el más grave que haya vivido la Ciudad de México en toda su historia, más preocupante se antoja la razón que movió a quienes planearon, organizaron y pusieron en ejecución el asalto terrorista. En efecto, por la saña y la virulencia con que actuaron los encapuchados, no hay duda de que iban en busca de que corriera sangre, de que hubiera un muerto (o varios), el pretexto ideal para desencadenar la lucha frontal contra el gobierno del país que se iniciaba en ese día. En fin, una provocación en toda regla, abierta y sin disimulos. Así las cosas, la pregunta obligada es: ¿a quién beneficiaría una revuelta social en este momento? ¿A quién conviene poner en jaque a las nuevas autoridades del país? ¿Qué intereses, políticos o de cualquier tipo, tratan de imponerse mediante la violencia y el terror, buscando doblegar al gobierno y a las instituciones nacionales?

El primer riesgo que hay que evitar, al tratar de contestar estas interrogantes, es la obviedad. Pareciera casi pleonástico para muchos que, detrás del grave incidente y de la gente que lo protagonizó, está Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido MORENA, en vista de que es él quien más, y de modo más radical, ha impugnado el triunfo de Enrique Peña Nieto y reiteradamente amenazó con hacer patente el rechazo nacional al nuevo mandatario el día de su toma de protesta. Pero López Obrador es un ente político antes que todo; un hombre con filosofía política, con proyecto de país y con programa de acción, mismos que intenta hacer realidad mediante la conquista democrática del poder de la nación con la simpatía y el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y al más lerdo le quedaría claro que, con actos vandálicos como los que comento, no se gana el apoyo de nadie, y sí el temor, la desconfianza y el repudio de los ciudadanos de buen vivir, sean ricos, pobres o clase media. Adicionalmente, es práctica común de quienes ejecutan actos en pro de su causa desde la clandestinidad, reivindicarlos públicamente como suyos, precisamente para reclamar sus frutos; pero en este caso, lejos de eso, se intenta ocultar la mano que mece la cuna lanzando falsas pistas como acusar “a los antorchistas” y a otras corrientes políticas que, obviamente, están metidas con calzador en los sucesos. Es verdad que el líder histórico de MORENA padece dos deficiencias que pudieran volverlo proclive a este tipo de aventuras: su caudillismo y su visceralismo, que son conocidos y comentados por todo mundo. Aun así, me atrevo a afirmar que me parece poco probable su responsabilidad, o que, en el peor de los casos, no es sólo ni principalmente de él.

En mi modesto juicio, hay otra probabilidad, coherente y sólida, para explicar los hechos. Se trataría de poderosos intereses que no se sienten representados ni en el pensamiento ni en la personalidad política del Lic. Peña Nieto. Me refiero a esos “poderes fácticos” de que habló el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, en su discurso con motivo de la firma del “Pacto por México” impulsado por el Presidente de la República. ¿Quiénes representan esos “poderes fácticos? No lo sé ni me toca a mí decirlo, pero puede hallarse una pista segura en las “trece decisiones de gobierno” que el Sr. Presidente anunció en su toma de posesión. Por tanto, si yo no ando muy desencaminado, estaríamos al inicio de una lucha en contra de algunos de los propósitos presidenciales, cuya instrumentación no será fácil ni tersa. El tiempo lo dirá.

Quiero terminar con una nota amable. Hace pocos días, el Dr. Ramón Ojeda Mestre se refirió, en forma por demás generosa y valiente, a una conferencia que pronuncié ante un grupo de doctores en economía (principalmente), y que se llamó “La situación global. Una visión crítica”. El artículo del Dr. Ojeda Mestre me sacudió profundamente. Y no porque me considere merecedor de su razonado comentario. Es verdad que yo suelo poner lo mejor de mí cada vez que mi organización, o simplemente la vida, me ponen frente a una tarea tan difícil como la de hablar de tema tan amplio y tan complejo ante un grupo de gente de muy alto nivel académico, y, además, sé que Nietzsche escribió alguna vez que “nunca hablar de uno mismo es forma refinada de hipocresía”. Pero con todo, el motivo de mi conmoción es éste: Ramón Ojeda Mestre es Licenciado en Derecho; con maestría y doctorado en Administración Pública por la UNAM; diplomado en Derecho Urbano por el ITAM, la Universidad de Manchester, Inglaterra, y la Universidad de Arizona, en EE. UU.; Doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España; Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental; Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental; ha sido distinguido con la Orden al Mérito Docente; con la medalla al Mérito Académico Universitario; con la Orden de Honor al Mérito del Instituto Mexicano de Cultura; con la legión de Honor Nacional y con el Premio Mundial Elizabeth Haub 2005; es maestro definitivo de Derecho Ambiental, ganado por oposición, en la máxima universidad del país, nuestra querida y respetada UNAM. Nada más, pero nada menos. Y si cualquier hombre de bien se sentiría honrado con un elogio salido de tan calificada pluma, yo no puedo (y no quiero) ser la excepción. Nobleza obliga.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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