Opinión

Que muera la normalidad. Por Itali Heide

A lo largo de la vida se nos enseña a ser ‘normal’. Dentro del espectro de la normalidad, hay una determinada manera de comportarse, hablar y presentarse que se considera correcta en los ojos de la sociedad. Desde una muy temprana edad, los niños ya reconocen a otros niños fuera de estos parámetros de ‘normalidad’: quienes no se conformen con el comportamiento o aspecto físico estándar, frecuentemente se convierten en objeto de burla.

¿Quién no recuerda haber sido testigo de la humillación, la deshumanización o la burla de alguien más? Y si no recuerda ser testigo, es probable que ellos mismos fueron humillados, deshumanizados o burlados. Las historias abundan desde todas las perspectivas: los bullys, las víctimas, los héroes, los cómplices y los que simplemente decidieron quedarse callados. De cierto modo, absolutamente todos compartimos algo de culpa en la epidemia de odio que ha traumatizado a niños y afectado a adultos durante siglos. Por alguna razón, muchos niños y jóvenes encuentran humor en la degradación de las personas por su condición económica, color de piel, peso, religión, neurodivergencia, género y demás.

¿Será porque los adultos se comportan de la misma manera? Si es cierto que el mejor maestro es el ejemplo, podríamos argumentar que los niños simplemente están siguiendo la ruta que la sociedad les ha allanado. Las aspiraciones son estrechas: el poder y el dinero se consideran el mayor logro del éxito. Para llegar a ser poderosos y tener dinero, los niños deben sentarse erguidos, jugar bien, olvidarse de manchar la ropa de lodo, obedecer a sus mayores, hacer la tarea, sacar buenas calificaciones y, finalmente, integrarse a la máquina mundial de la empleabilidad.

Así ha sido siempre, ¿no? Quienes temen el cambio argumentan que si ha funcionado durante los últimos siglos, debería seguir funcionando. Sin embargo, esta es la dirección equivocada en la que hay que correr. La globalización ha permitido a la gente explorar todas las vías para encontrar la plenitud en sus vidas, incluso cuando no está a la altura de nuestros estándares. La sociedad dicta que las vacaciones soñadas son las que esperan en alguna playa exótica con una piña colada, pero hay quienes prefieren ir a un Comic-Con para disfrazarse de su personaje favorito. Los trajes para los hombres y los vestidos para las mujeres son elegantes y esperados, pero un vestidazo verde neón con botas rosas y el cabello amarillo brillante merece la misma validez de expresión. Hay quienes sueñan con una mansión de lujo, mientras otros desean vivir en una cabañita a orillas de un lago solitario. ¿Por qué nos importa tanto que los demás vivan a nuestro nivel de confort?

Después de años de intentar encasillar a las personas, creando instintos sociales enraizados en problemas sistémicos, ¿no es hora de dejar de compararnos? Tal vez, sólo tal vez, el mundo sería un lugar más pacífico si aceptáramos y abrazáramos las millones de formas en que podemos vivir nuestras vidas y expresarnos, por dentro y por fuera.

Por primera vez en la historia de la humanidad, los niños que no encajan en la norma pueden encontrar consuelo en comunidades que comparten sus peculiaridades, sus gustos, sus miedos, sus preocupaciones y sus diferencias. Ahora, es tiempo de que esa cultura de aceptación virtual llegue al primer plano de la vida real. La normalidad está cambiando todos los días, y esperemos que nosotros lo hagamos con ella. El mundo tiene que normalizar la vida sin disculpas, rompiendo sus lazos con el materialismo absoluto y abriendo el panorama de la supuesta ‘normalidad’. Es bonito ser lo que todos quieren ser, pero es más valioso ser quien eres.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.