La provincia canadiense de Quebec ya ha ocupado titulares por sus medidas de peso para hacer frente a la pandemia, pero sus autoridades quieren subir el listón. El siguiente paso que desean dar es aplicar un impuesto a los no vacunados. François Legault, primer ministro quebequés, señaló en rueda de prensa este martes que “estas personas suponen una carga muy importante para la red sanitaria”, ya que constituyen el 10% de los elegibles para vacunarse, pero ocupan el 50% de los espacios en cuidados intensivos. “Tendrán que pagar una contribución”, afirmó Legault. “Creo que es razonable que la mayoría de la población exija consecuencias”, añadió.
Canadá ha sufrido en las últimas semanas un aumento considerable de las infecciones, sobre todo por el impacto de la variante ómicron. Los hospitales atienden a miles de pacientes por los estragos de la covid-19, pero buena parte del personal sanitario ha tenido que ausentarse al resultar contagiado. Diversos servicios —como cirugías y biopsias— sufren retrasos. Este miércoles, el país registró 22.617 nuevos casos, el 36% de los mismos en Quebec. La provincia francófona fue la primera en Canadá en autorizar que los trabajadores sanitarios se reincorporen a sus labores pese a dar positivo en pruebas de detección, siempre y cuando no presenten síntomas de la enfermedad.
El primer ministro Legault señaló el jueves que presentará un proyecto de ley ante la asamblea provincial, en las próximas semanas, para abrir los debates al respecto. Hay varias medidas que Legault ha tomado en la pandemia sin pasar por la asamblea, pero el tema del impuesto sí será debatido por los diputados. Sin embargo, su partido tiene mayoría parlamentaria, así que no necesita del apoyo de otras fuerzas.
Respecto al monto, señaló que “50 o 100 dólares no serían suficientes” para él. Según cálculos de Francis Vailles, periodista de La Presse, los no vacunados han implicado un gasto promedio al día de cerca de un millón de dólares canadienses (698.000 euros) a la sanidad quebequesa en el último mes.
Sería la primera vez que una disposición de este tipo entre en vigor en América. Aunque hay países europeos que han aprobado multas a los no inmunizados. Desde inicios de enero, los griegos mayores de 60 años que no estén vacunados deben pagar 100 euros mensuales. “No es un castigo. Es una tasa sanitaria”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. En febrero comenzará a aplicarse en Austria una multa, que podría alcanzar 3.600 euros, para los mayores de 14 años sin vacunarse. Asimismo, las autoridades de Singapur dejaron de cubrir los gastos médicos de la covid-19 desde el 8 de diciembre a los pacientes no vacunados. En estos países, al igual que lo contempla la provincia de Quebec, hay una excepción para quienes no puedan recibir la inyección por motivos de salud.
Justin Trudeau, primer ministro canadiense, dijo que necesita tener más información del plan del Gobierno quebequés antes de pronunciarse al respecto. “Los detalles importan”, señaló. La gestión de la sanidad es una competencia de índole provincial, aunque Trudeau precisó que el impuesto de Quebec debe cumplir con el Acta de Salud de Canadá, ley que garantiza un acceso universal. La sanidad es pública en este país norteamericano. Doug Ford, premier de la provincia de Ontario, sostuvo que piensa en un enfoque distinto al de Legault. A su vez, Jason Kenney, primer ministro de Alberta, también marcó sus distancias al afirmar: “Si continuamos por esa ruta, ¿vamos entonces a aplicar después un impuesto a las personas con obesidad?”. Organismos comunitarios de Montreal han expresado que la medida afectaría a sectores de la población ya de por sí marginados. La Asociación de Libertades Civiles de Canadá publicó un comunicado donde catalogó la iniciativa como “divisiva y profundamente preocupante”, evocando la Carta canadiense de derechos y libertades.
Louis-Philippe Lampron, profesor de la Universidad Laval y experto en derechos fundamentales, comenta que este asunto podría llegar a tribunales. “Es un ataque importante al derecho a la integridad física. El derecho a la salud permite a una persona aceptar o rechazar un tratamiento propuesto. Por su parte, el Gobierno de Quebec debe justificar las razones detrás de esta medida, a pesar de que vaya en contra de un derecho fundamental”, afirma. Esta batalla judicial, de acuerdo a Lampron, podría ser larga. “Deberá pasar por distintas instancias y, probablemente, llegar a la Corte Suprema de Canadá. El sistema judicial canadiense funciona según el principio de la contestación a posteriori. Una vez que la norma es adoptada, producirá efectos. Lograr que se suspenda antes de una decisión final es sumamente excepcional” explica.
