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Chihuahua

Quedaron sin legalizar 15 mil automóviles chuecos

Van a quedar fuera cerca de 15 mil chuecos, pero ahora sólo podemos decir que aquel que no siguió los pasos para tener de forma legal su vehículo es porque no quiso hacer las cosas bien, es porque les gusta estar en la ilegalidad», señala Pavel Aguilar Reyna, líder de la UCD, quien además afirma que este proceso fue el más largo en la historia pues duró un año y cuatro meses, «con muchas facilidades y toda la oportunidad de hacer bien las cosas».

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Van a quedar fuera cerca de 15 mil chuecos, pero ahora sólo podemos decir que aquel que no siguió los pasos para tener de forma legal su vehículo es porque no quiso hacer las cosas bien, es porque les gusta estar en la ilegalidad», señala Pavel Aguilar Reyna, líder de la UCD, quien además afirma que este proceso fue el más largo en la historia pues duró un año y cuatro meses, «con muchas facilidades y toda la oportunidad de hacer bien las cosas».

Aguilar explicó que las diversas organizaciones de defensa del patrimonio se oponían a los embargos de vehículos porque los diferentes procesos de regularización que se dieron en el pasado dejaban fuera a la mayoría de los modelos que circulaban por la entidad, «eran demasiado injustos, no daban margen para que el ciudadano pudiera realizar un procedimiento para legalizar la estancia de su vehículo y por eso nos oponíamos a esos decomisos, pero ahora no hay forma de decir que no se hicieron las cosas bien o de que no hubo facilidades, por el contrario».

Pavel Aguilar reconoció que este procedimiento que hoy llega a su fin inició formalmente en septiembre del año pasado y que las autoridades estatales dieron todas las oportunidades para que los ciudadanos pudieran plaquear sus vehículos, «se llevaron los módulos a los municipios, se permitió la movilización de los vehículos sin necesidad de visas aduanales, incluso el gobernador del Estado aprobó y dio créditos para pagar en abonos, la verdad no podemos pedir más y quien no hizo las cosas es de plano porque no quiere estar dentro de la legalidad».

Este proceso inició formalmente el 4 de septiembre del 2012 y termina el último día de diciembre de este 2013, es decir, un año y cuatro meses de duración y se permitía realizar el procedimiento de importación de vehículos de modelos desde el 2006 para atrás, por lo que a decir de Pavel Aguilar, no dejaba a nadie fuera del proceso.

Al comparar este proceso de legalización con el llevado a cabo por el gobierno de Fernando Baeza, en aquel sólo se permitió la regularización de modelos 83 para abajo, pero las autoridades cometieron el error de anunciar que se podría regularizar modelos del 86 para atrás, lo que generó mucho descontento y como se abrieron las fronteras para ese tipo de vehículos, «pues supuestamente se iban a regularizar, creó muchos problemas y por eso se crearon organizaciones que se opusieron a los decomisos», explica el líder perredista.

Luego, en el año 2000 se realizó un segundo proceso de regularización de chuecos y se volvió a cometer el error de anunciar la posibilidad de legalizar modelos 96 y 97, pero la realidad es que sólo se le permitió a modelos hasta el 94, creando de nuevo el problema con las autoridades, pero hoy este procedimiento es para vehículos hasta 2006.

Cabe señalar que sigue existiendo la posibilidad legal de introducir vehículos extranjeros al país por dos vías distintas: una es comprando el amparo que se originó en Tijuana por una agencia aduanera, que es el método más socorrido por quienes se dedican a vender autos en lotes ubicados en diferentes puntos de la entidad y la segunda es realizar directamente el trámite en una agencia de importación, pero esos dos caminos sólo aplican para vehículos que estén ubicados todavía en los Estados Unidos.

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Chihuahua

Gobierno de Chihuahua firma convenio interinstitucional para fortalecer justicia y protección a mujeres

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, acuerdo que establece bases de coordinación entre distintas instituciones para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.

El convenio se alinea con el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, firmado en noviembre pasado por mandatarios estatales del país, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre autoridades para generar resultados integrales en materia de protección y acceso a la justicia.

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo estatal señaló que una de las responsabilidades de los gobiernos es trabajar para que ninguna mujer viva violencia, así como acompañar a quienes la han sufrido y generar condiciones que les permitan avanzar en su vida personal y profesional.

Entre las acciones impulsadas por la administración estatal, mencionó la recuperación de estancias infantiles para apoyar a las mujeres que trabajan, el fortalecimiento del transporte público seguro, la ampliación de sistemas de videovigilancia y el trabajo de la Fiscalía, que ha llevado ante la justicia a casi 600 agresores.

La mandataria afirmó que aún existen retos por atender, pero destacó que cuando las instituciones colocan en el centro la dignidad de las mujeres, se pueden generar condiciones de justicia y esperanza para la sociedad.

El acuerdo contempla la instalación de mesas interinstitucionales con el fin de reforzar la protección, atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. También se impulsarán campañas de promoción de la igualdad, acompañamiento a familias afectadas, acciones educativas y apoyo a reformas en la legislación local.

Maru Campos participó como testigo de honor en la firma del convenio, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Entre las líneas de cooperación se establece garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, además de evitar el archivo indebido de los casos sin la debida fundamentación.

Asimismo, se contempla instalar una mesa de trabajo permanente para revisar y fortalecer los protocolos de atención, investigación y seguimiento, así como implementar programas de capacitación para servidores públicos con perspectiva de género, enfoque de infancia y respeto a los derechos humanos.

La directora general del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, señaló que el acuerdo refleja la decisión de continuar fortaleciendo el trabajo institucional contra la violencia de género.

Por su parte, la fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Chávez, indicó que la institucionalización de estas acciones permitirá brindar mayor respaldo a mujeres y niñas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, destacó que el acceso a la justicia depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, acompañar y juzgar los casos relacionados con violencia contra las mujeres.

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