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Chihuahua

Quedaron sin legalizar 15 mil automóviles chuecos

Van a quedar fuera cerca de 15 mil chuecos, pero ahora sólo podemos decir que aquel que no siguió los pasos para tener de forma legal su vehículo es porque no quiso hacer las cosas bien, es porque les gusta estar en la ilegalidad», señala Pavel Aguilar Reyna, líder de la UCD, quien además afirma que este proceso fue el más largo en la historia pues duró un año y cuatro meses, «con muchas facilidades y toda la oportunidad de hacer bien las cosas».

Van a quedar fuera cerca de 15 mil chuecos, pero ahora sólo podemos decir que aquel que no siguió los pasos para tener de forma legal su vehículo es porque no quiso hacer las cosas bien, es porque les gusta estar en la ilegalidad», señala Pavel Aguilar Reyna, líder de la UCD, quien además afirma que este proceso fue el más largo en la historia pues duró un año y cuatro meses, «con muchas facilidades y toda la oportunidad de hacer bien las cosas».

Aguilar explicó que las diversas organizaciones de defensa del patrimonio se oponían a los embargos de vehículos porque los diferentes procesos de regularización que se dieron en el pasado dejaban fuera a la mayoría de los modelos que circulaban por la entidad, «eran demasiado injustos, no daban margen para que el ciudadano pudiera realizar un procedimiento para legalizar la estancia de su vehículo y por eso nos oponíamos a esos decomisos, pero ahora no hay forma de decir que no se hicieron las cosas bien o de que no hubo facilidades, por el contrario».

Pavel Aguilar reconoció que este procedimiento que hoy llega a su fin inició formalmente en septiembre del año pasado y que las autoridades estatales dieron todas las oportunidades para que los ciudadanos pudieran plaquear sus vehículos, «se llevaron los módulos a los municipios, se permitió la movilización de los vehículos sin necesidad de visas aduanales, incluso el gobernador del Estado aprobó y dio créditos para pagar en abonos, la verdad no podemos pedir más y quien no hizo las cosas es de plano porque no quiere estar dentro de la legalidad».

Este proceso inició formalmente el 4 de septiembre del 2012 y termina el último día de diciembre de este 2013, es decir, un año y cuatro meses de duración y se permitía realizar el procedimiento de importación de vehículos de modelos desde el 2006 para atrás, por lo que a decir de Pavel Aguilar, no dejaba a nadie fuera del proceso.

Al comparar este proceso de legalización con el llevado a cabo por el gobierno de Fernando Baeza, en aquel sólo se permitió la regularización de modelos 83 para abajo, pero las autoridades cometieron el error de anunciar que se podría regularizar modelos del 86 para atrás, lo que generó mucho descontento y como se abrieron las fronteras para ese tipo de vehículos, «pues supuestamente se iban a regularizar, creó muchos problemas y por eso se crearon organizaciones que se opusieron a los decomisos», explica el líder perredista.

Luego, en el año 2000 se realizó un segundo proceso de regularización de chuecos y se volvió a cometer el error de anunciar la posibilidad de legalizar modelos 96 y 97, pero la realidad es que sólo se le permitió a modelos hasta el 94, creando de nuevo el problema con las autoridades, pero hoy este procedimiento es para vehículos hasta 2006.

Cabe señalar que sigue existiendo la posibilidad legal de introducir vehículos extranjeros al país por dos vías distintas: una es comprando el amparo que se originó en Tijuana por una agencia aduanera, que es el método más socorrido por quienes se dedican a vender autos en lotes ubicados en diferentes puntos de la entidad y la segunda es realizar directamente el trámite en una agencia de importación, pero esos dos caminos sólo aplican para vehículos que estén ubicados todavía en los Estados Unidos.

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Chihuahua

Alianza entre COPARMEX y organizaciones para monitorear decisiones del Congreso y Cabildo

Alianza entre COPARMEX y organizaciones para monitorear decisiones del Congreso y Cabildo

Las decisiones tomadas por el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Chihuahua serán monitoreadas a través de una nueva alianza entre COPARMEX Chihuahua, Ciudadanos en Participación Activa (CEPAC) y Plan Estratégico de Juárez. Estas organizaciones firmaron un convenio con el objetivo de analizar la actividad legislativa y municipal, así como promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

El acuerdo fue firmado por René Mauricio Nava Rubio, director de COPARMEX; Gilberto Sánchez Esparza, presidente de CEPAC; y Sergio Ramón Meza de Anda, director general de Plan Estratégico de Juárez. Uno de los ejes centrales de esta colaboración será el monitoreo de la actividad legislativa mediante un tablero digital de seguimiento, que utilizará una metodología común para recopilar, verificar y analizar información pública sobre iniciativas, dictámenes, votaciones, asistencia y acuerdos.

Además, la alianza se enfocará en las sesiones de Cabildo y las comisiones de regidores del Ayuntamiento de Chihuahua que las organizaciones consideren estratégicas. El propósito es dar seguimiento a los asuntos discutidos, los acuerdos adoptados y su cumplimiento, prestando especial atención a temas de interés empresarial y ciudadano.

Las organizaciones buscan facilitar la comprensión del trabajo de quienes representan a la ciudadanía y generar información verificable que permita evaluar sus decisiones y formular propuestas sustentadas. Otro componente importante del convenio es la difusión del referéndum #YoElijoRegidor, que incluirá acciones de información ciudadana, promoción de la recolección de firmas y participación informada, conforme a los requisitos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

COPARMEX y CEPAC se encargarán de vincular a los sectores empresarial y ciudadano, identificar temas prioritarios y apoyar las actividades acordadas. Por su parte, Plan Estratégico de Juárez aportará su experiencia en metodologías de participación ciudadana, seguimiento de asuntos públicos y análisis de información.

Las tres organizaciones establecerán planes de trabajo con responsables, entregables, calendarios e indicadores, además de realizar reuniones periódicas para revisar avances. Esta colaboración se desarrollará con carácter apartidista, respetando la autonomía de cada institución y protegiendo los datos personales. A través de esta alianza, se busca que más ciudadanos cuenten con herramientas para involucrarse en las decisiones públicas y exigir resultados a sus representantes.

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