Integrantes de diversos colectivos vandalizan las instalaciones de la Secretaría de Salud, hoy en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en la Ciudad de México. Créditos: EFE/ Isaac Esquivel
Personas con VIH quemaron el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida) para denunciar la escasez de medicamentos.
Ciudad de México.- Activistas que viven con VIH quemaron este viernes, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el vestíbulo de la dependencia de la Secretaría de Salud mexicana, donde está el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida) para denunciar la escasez de medicamentos.
Convocados por la organización VIHve Libre, que ofrece apoyo comunitario a personas con el virus, una decena de asistentes lanzaron piedras contra el edificio, ubicado en la colonia (barrio) Polanco de Ciudad de México, y pintaron sus cristales con proclamas como ‘El VIH no es un crimen’ o ‘Mi vida no es un puto juego’.
A la concentración también acudieron representantes de Infancias VIHsibles, una asociación que brinda soporte a niños con el virus y que trabaja para darles visibilidad.
Algunos manifestantes prendieron fuego a tres sofás en el vestíbulo debido a que, según fuentes de la organización convocante, no consiguieron hablar con la directora de Censida, Alethse de la Torre Rosas, pese al compromiso de un representante de la Secretaría de que así sería.
Acudieron agentes de la Policía y una dotación de los bomberos a apagar el incendio, que empezaba a afectar el techo de la primera planta.
«Visibilizar la negligencia» de Censida
«El objetivo de la concentración es visibilizar toda la negligencia y todo lo que no está haciendo Censida», explicó el director de VIHve Libre, Alaín Pinzón, en declaraciones a EFE.
Tachó a los funcionarios del órgano de «servidores públicos negligentes» que no están «haciendo nada» para abordar el VIH y el sida en México.
Entre otras, Pinzón denunció «la falta de prevención a nivel nacional» y que «el programa de PrEP (profilaxis pre-exposición) está totalmente en pañales en muchos estados», además del «desabasto de medicamento antirretroviral», una problemática que ha existido «siempre», pero que se agudizó a partir de 2019.
El activista advirtió que esto «se debe a que (el Gobierno) compra medicamento, pero no lo distribuye», pues «no hay una cadena de suministro completa».
«Lo que se puede arreglar con un medicamento todos los días a la misma hora se tiene que arreglar, en muchas ocasiones, con una hospitalización», lamentó.
Por otro lado, Pinzón catalogó de «parche» la propuesta de una superfarmacia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que espera tener todos los medicamentos de la sanidad pública.
«¿Por qué hacer una superfarmacia y no llevar medicamento a las farmacias que ya existen? ¿Por qué en Ciudad de México?», se preguntó, pues hay otras zonas del país donde también hay un «desabasto importante», dijo.
A su vez, la fundadora de Infancias VIHsibles, Sara Zepeda, explicó a los medios que, «43 años después, se sigue creyendo que el VIH se concentra en las poblaciones de riesgo», cuando es un virus que puede afectar «a toda persona que ejerza su vida sexual».
Reclamó al Gobierno federal que se ofrezca a las personas embarazadas una prueba de detección del VIH o que se practique este test periódicamente a los niñas y niños, entre otras medidas para convertir la lucha contra el virus en una «prioridad».
Finalmente, Pinzón sostuvo que el «mayor reto» que tiene México por delante «es que las autoridades se pongan a trabajar y que nos vean como personas, no como una cifra».
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.