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¿Quién mató a Miroslava Breach? Colectivo de periodistas sigue pistas que dejaron los asesinos

(Colectivo 23 de Marzo).– El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach Velducea esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Disparó ocho tiros que le provocaron heridas en los brazos, la cara, el cuello. Luego, el asesino regresó sobre la banqueta por la que había llegado y se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a pocas cuadras.

La hija mayor de Breach salió de la casa tras escuchar los disparos y los gritos de su hermano. Encontró a su madre inclinada hacia el lado del copiloto, inerte. Llamó una ambulancia, pero antes llegó la policía. Su madre ya había fallecido.

Muy pronto se supo que la víctima era la veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, respetada columnista y ex jefa editorial del diario El Norte de Ciudad Juárez; una valiente y sagaz reportera de 54 años que, a pesar de haber recibido amenazas, mantuvo la labor de documentar la narcopolítica, en ese estado al norte de México convulsionado por los enfrentamientos entre grupos armados que crecieron al amparo de los poderes políticos. El ataque, sin duda, fue dirigido, planeado, profesional.

El recién estrenado Gobernador Javier Corral, viejo amigo de Miroslava, prometió que la investigación sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes contra periodistas, una ambiciosa promesa en un país donde 99 por ciento de estos casos queda impune. La línea de las pesquisas, dijo dos días después, sería la narcopolítica.

“El crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”, dijo Corral a la revista Proceso.

La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narcopolítica”— y la impunidad con la que éstos operan en la región montañosa del estado. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos (entre columnas y reportajes) en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, y que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora y el sur de dicha entidad.

Es un clan familiar que se nombra como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el llamado Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, se encuentran en prisiones de alta seguridad.

Desde el año 1999 ella había publicado notas esporádicas sobre la incursión del grupo en Chihuahua, los retenes que imponía en la sierra, las rutas que abría para el tráfico de marihuana y cocaína, y la protección que recibía de distintas autoridades. En 2015 informó sobre el desplazamiento forzado de las comunidades por la violencia generada por estos criminales, a los que conocía bien pues, al igual que la familia Salazar, ella también era oriunda del pueblo de Chínipas y se había criado al sur de Sonora.

En las elecciones en las que resultó electo Corral, ella, junto a la corresponsal de la revista Proceso, habían logrado descarrilar dos candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que entonces gobernaba al país), pues el mismo día de marzo de 2016 publicaron que eran familiares de narcotraficantes. Específicamente la suegra de Arturo Quintana, apodado El 80, un líder regional del Cártel de Juárez postulada para alcaldesa de Bachíniva; y en Chínipas, Juan Salazar Ochoa, Juanito, sobrino de Adán Salazar, precandidato a la alcaldía.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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