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Opinión

¿QUIEN PARA EL EMPOBRECIMIENTO DE CHIHUAHUA? Por Víctor Quintana

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Los datos siguen cayendo tan certeros como dardos, tan pesados como lozas: no solo nuestros indígenas, sino el conjunto del estado de Chihuahua está experimentando un grave retroceso económico y social.

Vayan tan sólo las últimas cifras: según la Evaluación de la Política de Desarrollo Social  2011, del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, CONEVAL,  Chihuahua con 255 mil nuevos pobres fue de las entidades donde más se incrementó la pobreza entre 2008 y 2011, junto con Veracruz, Guanajuato y Baja California.

Por otra parte, el mismo CONEVAL asienta que en Chihuahua se concentran tres de los municipios con mayor porcentaje de pobreza en todo el país: Morelos con un 60.5% de sus habitantes en pobreza extrema; Batopilas, con un 55.4% y Guachochi, con un 52.4%. Pero además de estos municipios hay otros 11 que figuran entre los que cuentan con un mayor porcentaje de pobres totales, es decir, ya sea en pobreza extrema o pobreza moderada: Guadalupe y Calvo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Urique, Balleza, Carichí, Guazapres, Ocampo, Moris y Nonoava, todos ellos entre un 71 y un 90% de pobres totales. En todos ellos el número de personas aquejadas por alguna forma de pobreza oscila entre un 71 y un 90%.

Hemos señalado en repetidas ocasiones que no existe una política de Estado, es decir de todos los niveles de gobierno y de la sociedad para hacer frente a la pobreza en Chihuahua. Esto es cierto, pero ahora podemos agregar otro dato: la pobreza aumenta en Chihuahua porque tenemos un bajísimo crecimiento económico. Si hay más población y se sigue produciendo lo mismo a cada quien le toca menos del producto estatal.

Así lo revelan los datos proporcionados por CANACINTRA (Diario de Chihuahua, 15 de febrero, nota de Manuel Quezada B.). De acuerdo a las mediciones del INEGI al tercer trimestre de 2011 el estado de Chihuahua fue uno de los que experimentó un menor crecimiento anual de su economía, con un ínfimo 1.5%. En contraste, las siguientes entidades mostraron altos índices de crecimiento de su producto: Colima (11.55%) Sinaloa (10.26%), Sonora (9.37%), Querétaro, (8.48). Tabasco (8.24), Nuevo León (7.63), Puebla, (7.40), Hidalgo (7.28), Quintana Roo (6.99), San Luis Potosí ((6.55), Baja California (6.26), Coahuila (6.14) y Jalisco (5.78).

Se podrá alegar que la economía de Chihuahua no crece por la inseguridad.¿entonces por qué otros estados que padecen también una grave inseguridad crecen varias veces más que nosotros, como es el caso de Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila?  También se podrá decir que no crecemos por el problema de la sequía, pero también Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, que crecen mucho más, están siendo aquejados por el cambio climático.

No hay saque posible: Chihuahua no está creciendo ni se está desarrollando porque no hay rumbo ni liderazgo ni una política pública, no de gobierno, sino de sociedad y todos los niveles de gobierno para encauzar y promover crecimiento económico y desarrollo social. El último esfuerzo concertado que se hizo, sobre todo en lo económico, fue el de los clusters, durante el gobierno de Francisco Barrio. De ahí en fuera ha imperado la arrogancia gubernamental, como lo pudimos constatar cuando en 2007 desde el Congreso del Estado realizamos una serie de observaciones al modelo de crecimiento económico. Ningún gobierno arrogante y falto de credibilidad puede concitar la participación de iniciativa privada y sociedad civil,  ya no digamos para desarrollar a Chihuahua sino cuando menos para detener la deriva hacia un mayor empobrecimiento. Se requiere capacidad de dirección intelectual, con personal e instituciones competentes,  y capacidad de dirección moral, es decir, sin sombra de duda de que la promoción económica será para servir al interés general y no a los consentidos sexenales.

O hay esto, o seremos la Oaxaca del norte, el Tchad o el Malí de Norteamérica.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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