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¿QUIEN PARA EL EMPOBRECIMIENTO DE CHIHUAHUA? Por Víctor Quintana

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Los datos siguen cayendo tan certeros como dardos, tan pesados como lozas: no solo nuestros indígenas, sino el conjunto del estado de Chihuahua está experimentando un grave retroceso económico y social.

Vayan tan sólo las últimas cifras: según la Evaluación de la Política de Desarrollo Social  2011, del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, CONEVAL,  Chihuahua con 255 mil nuevos pobres fue de las entidades donde más se incrementó la pobreza entre 2008 y 2011, junto con Veracruz, Guanajuato y Baja California.

Por otra parte, el mismo CONEVAL asienta que en Chihuahua se concentran tres de los municipios con mayor porcentaje de pobreza en todo el país: Morelos con un 60.5% de sus habitantes en pobreza extrema; Batopilas, con un 55.4% y Guachochi, con un 52.4%. Pero además de estos municipios hay otros 11 que figuran entre los que cuentan con un mayor porcentaje de pobres totales, es decir, ya sea en pobreza extrema o pobreza moderada: Guadalupe y Calvo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Urique, Balleza, Carichí, Guazapres, Ocampo, Moris y Nonoava, todos ellos entre un 71 y un 90% de pobres totales. En todos ellos el número de personas aquejadas por alguna forma de pobreza oscila entre un 71 y un 90%.

Hemos señalado en repetidas ocasiones que no existe una política de Estado, es decir de todos los niveles de gobierno y de la sociedad para hacer frente a la pobreza en Chihuahua. Esto es cierto, pero ahora podemos agregar otro dato: la pobreza aumenta en Chihuahua porque tenemos un bajísimo crecimiento económico. Si hay más población y se sigue produciendo lo mismo a cada quien le toca menos del producto estatal.

Así lo revelan los datos proporcionados por CANACINTRA (Diario de Chihuahua, 15 de febrero, nota de Manuel Quezada B.). De acuerdo a las mediciones del INEGI al tercer trimestre de 2011 el estado de Chihuahua fue uno de los que experimentó un menor crecimiento anual de su economía, con un ínfimo 1.5%. En contraste, las siguientes entidades mostraron altos índices de crecimiento de su producto: Colima (11.55%) Sinaloa (10.26%), Sonora (9.37%), Querétaro, (8.48). Tabasco (8.24), Nuevo León (7.63), Puebla, (7.40), Hidalgo (7.28), Quintana Roo (6.99), San Luis Potosí ((6.55), Baja California (6.26), Coahuila (6.14) y Jalisco (5.78).

Se podrá alegar que la economía de Chihuahua no crece por la inseguridad.¿entonces por qué otros estados que padecen también una grave inseguridad crecen varias veces más que nosotros, como es el caso de Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila?  También se podrá decir que no crecemos por el problema de la sequía, pero también Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, que crecen mucho más, están siendo aquejados por el cambio climático.

No hay saque posible: Chihuahua no está creciendo ni se está desarrollando porque no hay rumbo ni liderazgo ni una política pública, no de gobierno, sino de sociedad y todos los niveles de gobierno para encauzar y promover crecimiento económico y desarrollo social. El último esfuerzo concertado que se hizo, sobre todo en lo económico, fue el de los clusters, durante el gobierno de Francisco Barrio. De ahí en fuera ha imperado la arrogancia gubernamental, como lo pudimos constatar cuando en 2007 desde el Congreso del Estado realizamos una serie de observaciones al modelo de crecimiento económico. Ningún gobierno arrogante y falto de credibilidad puede concitar la participación de iniciativa privada y sociedad civil,  ya no digamos para desarrollar a Chihuahua sino cuando menos para detener la deriva hacia un mayor empobrecimiento. Se requiere capacidad de dirección intelectual, con personal e instituciones competentes,  y capacidad de dirección moral, es decir, sin sombra de duda de que la promoción económica será para servir al interés general y no a los consentidos sexenales.

O hay esto, o seremos la Oaxaca del norte, el Tchad o el Malí de Norteamérica.

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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