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Opinión

¿QUIEN PARA EL EMPOBRECIMIENTO DE CHIHUAHUA? Por Víctor Quintana

Los datos siguen cayendo tan certeros como dardos, tan pesados como lozas: no solo nuestros indígenas, sino el conjunto del estado de Chihuahua está experimentando un grave retroceso económico y social.

Vayan tan sólo las últimas cifras: según la Evaluación de la Política de Desarrollo Social  2011, del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, CONEVAL,  Chihuahua con 255 mil nuevos pobres fue de las entidades donde más se incrementó la pobreza entre 2008 y 2011, junto con Veracruz, Guanajuato y Baja California.

Por otra parte, el mismo CONEVAL asienta que en Chihuahua se concentran tres de los municipios con mayor porcentaje de pobreza en todo el país: Morelos con un 60.5% de sus habitantes en pobreza extrema; Batopilas, con un 55.4% y Guachochi, con un 52.4%. Pero además de estos municipios hay otros 11 que figuran entre los que cuentan con un mayor porcentaje de pobres totales, es decir, ya sea en pobreza extrema o pobreza moderada: Guadalupe y Calvo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Urique, Balleza, Carichí, Guazapres, Ocampo, Moris y Nonoava, todos ellos entre un 71 y un 90% de pobres totales. En todos ellos el número de personas aquejadas por alguna forma de pobreza oscila entre un 71 y un 90%.

Hemos señalado en repetidas ocasiones que no existe una política de Estado, es decir de todos los niveles de gobierno y de la sociedad para hacer frente a la pobreza en Chihuahua. Esto es cierto, pero ahora podemos agregar otro dato: la pobreza aumenta en Chihuahua porque tenemos un bajísimo crecimiento económico. Si hay más población y se sigue produciendo lo mismo a cada quien le toca menos del producto estatal.

Así lo revelan los datos proporcionados por CANACINTRA (Diario de Chihuahua, 15 de febrero, nota de Manuel Quezada B.). De acuerdo a las mediciones del INEGI al tercer trimestre de 2011 el estado de Chihuahua fue uno de los que experimentó un menor crecimiento anual de su economía, con un ínfimo 1.5%. En contraste, las siguientes entidades mostraron altos índices de crecimiento de su producto: Colima (11.55%) Sinaloa (10.26%), Sonora (9.37%), Querétaro, (8.48). Tabasco (8.24), Nuevo León (7.63), Puebla, (7.40), Hidalgo (7.28), Quintana Roo (6.99), San Luis Potosí ((6.55), Baja California (6.26), Coahuila (6.14) y Jalisco (5.78).

Se podrá alegar que la economía de Chihuahua no crece por la inseguridad.¿entonces por qué otros estados que padecen también una grave inseguridad crecen varias veces más que nosotros, como es el caso de Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila?  También se podrá decir que no crecemos por el problema de la sequía, pero también Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, que crecen mucho más, están siendo aquejados por el cambio climático.

No hay saque posible: Chihuahua no está creciendo ni se está desarrollando porque no hay rumbo ni liderazgo ni una política pública, no de gobierno, sino de sociedad y todos los niveles de gobierno para encauzar y promover crecimiento económico y desarrollo social. El último esfuerzo concertado que se hizo, sobre todo en lo económico, fue el de los clusters, durante el gobierno de Francisco Barrio. De ahí en fuera ha imperado la arrogancia gubernamental, como lo pudimos constatar cuando en 2007 desde el Congreso del Estado realizamos una serie de observaciones al modelo de crecimiento económico. Ningún gobierno arrogante y falto de credibilidad puede concitar la participación de iniciativa privada y sociedad civil,  ya no digamos para desarrollar a Chihuahua sino cuando menos para detener la deriva hacia un mayor empobrecimiento. Se requiere capacidad de dirección intelectual, con personal e instituciones competentes,  y capacidad de dirección moral, es decir, sin sombra de duda de que la promoción económica será para servir al interés general y no a los consentidos sexenales.

O hay esto, o seremos la Oaxaca del norte, el Tchad o el Malí de Norteamérica.

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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