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Quiénes tienen tomada la CNDH y cómo empezó la protesta

La hija de Erika Martínez tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Vivían todos en la misma casa, así que tras la denuncia, ellas además se quedaron sin vivienda. Tres años han pasado y no hay justicia, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija no tienen dónde vivir. Por eso, ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Centro Histórico, tomado desde el viernes por colectivos de víctimas y feministas, que aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio.

Fue justo la hija de Erika, ahora de 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba al interior de la Comisión, un acto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina del lunes que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o es un conservador.

“Este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija?”, gritó Erika frente a la imagen.

A su lado, otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez, también intervenidos y exhibidos de cabeza, “porque todo está de cabeza en este país”, explicaron las manifestantes, además de ofrecer subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño que reclaman que las instituciones no les han dado. Erika, por ejemplo, dijo que solo recibe un apoyo de 300 pesos cada tres meses, mientras sigue con el proceso legal y sin casa.

Ella fue una de las caras visibles de las manifestantes este lunes, junto con Yesenia Zamudio —madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016—, que encabeza el Frente Ni Una Menos, una organización feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de género, que fue el que tomó las instalaciones el viernes, después de sumarse a otra protesta que había empezado el miércoles.

Al interior, dijeron, hay entre 30 y 50 personas, incluyendo niñas y niños, familiares de personas desaparecidas, y chicas más jóvenes de colectivas como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil Feminista o Aquelarre Violeta, algunas de las cuales se autodenominan anarquistas. Estas colectivas montaron una mesa como centro de acopio a donde estuvieron llegando durante el día donaciones de productos básicos y hasta colchonetas, tanto para las mujeres que están dentro del edificio como para ayudar a víctimas, dijeron.

Este lunes se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para tener un diálogo con autoridades de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación (Segob), que finalmente no se concretó porque pretendía que fueran las inconformes quienes se trasladaran a otras oficinas, mientras que las autoridades de la Comisión rechazaron acudir al lugar de la toma, con el argumento de que hay otras manifestantes que no quieren dialogar.

¿Cómo empezó la protesta?
María Isela Valdez se volvió noticia nacional cuando se arrodilló ante López Obrador en Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroa, desaparecido en Tamaulipas en 2014, y tras lo cual le prometió “te lo voy a entregar”, según cuenta. Ha pasado más de un año desde esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente, que estuvo llena de reclamos y en la que les prometió que cada tres meses revisarían sus casos, pero nada de eso ha pasado.

Así que María Isela y otras víctimas del Colectivo 10 de Marzo instalaron hace unos meses un plantón en la puerta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir un trato digno, entre otras demandas.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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