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México

Quintana Roo, único estado que suma cinco semanas con aumento en casos de COVID-19: López-Gatell

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La tarde del 10 de mayo, autoridades de la Secretaría de Salud federal informaron que ya suman 16 semanas continuas a la baja en el descenso de contagios en todo el país, excepto en una entidad: Quintana Roo.

Por si los incendios forestales y la llegada de tormentas tropicales acompañadas de sargazo no fueran suficientes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, alertó que Quintana Roo es la única entidad donde se han registrado cinco semanas de aumento de casos de coronavirus, por lo que pidió no bajar la guardia.

“En este momento mencionamos Quintana Roo, porque la realidad epidémica muestra que tiene esta situación de tener cinco semanas en donde el número de casos diarios y el número de personas hospitalizadas es mayor que el día anterior”, puntualizó el especialista durante la conferencia de prensa ofrecida desde Palacio Nacional.

(Foto: EFE/Lourdes Cruz)
(Foto: EFE/Lourdes Cruz)

Por ello, aseguró que estarán trabajando con el gobierno estatal, a fin de brindar la asesoría técnica correspondiente y motivar a que se cumplan las medidas y protocolos sanitarios necesarios para revertir la tendencia, pues de no reducir movilidad y si no se actúa en este momento, la tendencia al alza puede ir acelerando.

Cabe recordar que de acuerdo con los los nuevos colores del Semáforo Epidemiológico que entraron en vigor este lunes y que estarán vigentes hasta el próximo 23 de mayo, Quintana Roo es uno de los tres estados que se encuentran en naranja (riesgo alto de contagio), además de Chihuahua y Tabasco.

“¿Esto es específico de Quintana Roo? La respuesta es no, esto le puede pasar y le ha pasado a todas las entidades federativas”, recalcó Gatell.

Según el portal de la entidad sureña, hasta el 6 de mayo, los municipios de Benito Juárez (Cancún), Bacalar, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas registraron aumentos de la pandemia desde un 10% hasta un 65%.

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Asimismo, de acuerdo con el informe técnico nacional, Quintana Roo cuenta con 829 casos activos, siendo el cuarto estado a nivel nacional con más contagios de este tipo, y 2,617 defunciones acumuladas en todo el territorio estatal.

Ante tal situación, se decretó que los hoteles, restaurantes y sitios arqueológicos sólo pueden operar al 50%; congresos, convenciones, playas, tiendas departamentales, iglesias, cines, al 30%; en tanto que gimnasios y clubes deportivos, al 25%. Escuelas y centros nocturnos tienen prohibido abrir.

Cabe destacar que el pasado 9 de mayo la Zona Arqueológica de Tulum anunció que permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso, tras detectarse un caso positivo de COVID-19 en uno de sus trabajadores.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el cual, mediante un comunicado oficial, detalló que durante el cierre se realizarán los procesos de sanitización correspondientes a los protocolos establecidos.

(Foto: Reuters/Jorge Delgado)(Foto: Reuters/Jorge Delgado)

Además, informó que quienes tuvieron contacto con las persona infectada ya fueron puestos en cuarentena y se mantienen bajo observación.

“Para la Secretaría de Cultura y el INAH es prioridad garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores, así como la de las y los visitantes a sus recintos culturales”, se lee en el documento.

Cabe recordar que esta zona arqueológica, considerada como una de las más emblemáticas de la entidad, fue una de las primeras cuatro en reabrir sus puertas el pasado 20 de septiembre del 2020, después de permanecer cerrada desde el 23 de marzo; las otras tres fueron Cobá, San Gervasio y Muyil.

Esto fue el principio de una jornada de reactivación en 40 de las 194 ruinas que se encuentran en México marcando así un avance importante para la recuperación del turismo en el estado.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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