Conecta con nosotros

Slider Principal

Ratifica Tribunal federal orden de arresto contra Gastón Azcárraga por lavado de dinero

Un Tribunal federal rechazó cancelar la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, por difundir información falsa al público inversionista y omitir un evento relevante que consistía en el cese de operaciones de la aerolínea.

De acuerdo con el reporte de medios nacionales, el magistrado del segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, Manuel Bárcena Villanueva, decidió mantener la orden de arresto en contra de Azcárraga, emitida el 3 de octubre del 2014, debido a que no fueron ratificados los dictámenes periciales entregados por la extinta Procuraduría Federal de la República (PGR), además de ser insuficientes.

El pronunciamiento de Bárcena Villanueva derivó en cumplimiento de un amparo otorgado a Gastón Azcárraga por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, después de que la PGR desistiera de capturar al empresario en 2018, argumentando que existían otras pruebas -peritajes contables y el testimonio de un auditor contable- no consideradas cuando se solicitó la orden de arresto contra Azcárraga.

“Si bien es cierto que con tales documentales y la pericial de la experta Alicia Estela Cruz Méndez, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la hoy Fiscalía General de la República, de alguna manera generaron una contradicción, con el material probatorio que sirvió para emitir la orden cuya cancelación se solicita, lo cierto es que es obvio que al estar ante pruebas contradictorias, evidente es que no puede tener el alcance de desvanecer los datos que se consideraron para emitir la orden de aprehensión y, por ende cancelarla”, señaló al respecto Bárcena Villanueva.

La ratificación de la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga no es definitiva, pues la magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, Isabel Porras Odriozola, deberá estudiar el resolutivo y definir si cumple o no con la sentencia del colegiado, y en caso de determinar que el fallo del magistrado no cumple con los lineamientos del amparo resuelto por el colegiado, el expediente será revisado nuevamente por Bárcena Villanueva.

En 2005, el Gobierno de Vicente Fox Quesada vendió en sólo 165 millones de dólares Mexicana de Aviación a Grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade, sobre quien giran dos órdenes de aprehensión por difundir información falsa al público inversionista y omitir un evento relevante que consistía en el cese de operaciones de la aerolínea. Las violaciones en las que incurrió el empresario están previstas en la Ley del Mercado de Valores en la fracción I y II del artículo 383.

El 28 de agosto se cumplieron nueve años del cese de la aerolínea que llegó a ser líder en la industria del país. La empresa entró en concurso mercantil en 2010 y fue declarada en quiebra desde 2014 afectando a 8 mil 650 trabajadores y sus familias.

Desde entonces, los ex trabajadores de Mexicana de Aviación han emprendido una lucha desde dos frentes: los afiliados al sindicato de ASPA y los 700 jubilados, quienes son el grupo más vulnerable, pues llevan años sin recibir su pensión y por cuestiones de edad no tienen oportunidades de empleo.

Este último grupo de ex empleados de Mexicana se manifestó en agosto último afuera de Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Reclaman no ser escuchados por las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Comunicaciones y Transportes (SCT).

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto