Esos tres términos podrían servir para trazar una radiografía del estado actual del narcotráfico en México.
Al inicio de la guerra contra las drogas a fines de 2006, había cinco grandes carteles y ahora existen al menos 45 grupos, células y pandillas.
La estrategia de privilegiar el arresto de capos de narcotráfico ha provocado la fragmentación de los carteles en decenas de bandas que mantienen el nivel de actividad y pueden resultar más difíciles de combatir, afirman expertos.
¿De qué sirve entonces detenerlos? ¿Llegó el momento de cambiar la estrategia?
Caídas con ruido
Miguel y Omar Treviño Morales (Los Zetas), Joaquín «El Chapo» Guzmán (cartel de Sinaloa), Vicente Carrillo Fuentes («El Viceroy», cartel de Juárez), Servando Gómez («La Tuta», Los Caballeros Templarios) y Héctor Beltrán Leyva (Los Beltrán Leyva).
Y la lista sigue: son algunos de los nombres más representativos de la jerarquía de los carteles en México detenidos en el último año.
«Es el equivalente a podar un árbol. Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
Caídas que han hecho ruido, tienen un efecto mediático y ayudan al discurso del gobierno, pero que no terminan de alterar la situación en el terreno, opinan algunos analistas.
«Es el equivalente a podar un árbol», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
«Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera, de manera tal que la organización criminal mantiene su capacidad de fuego y su poderío económico», añade.
Fragmentación
En un informe de la Procuraduría General de la República (fiscalía) citado semanas atrás por el diario El Universal se da cuenta de la presencia de nueve grandes carteles en México:
Sinaloa
Jalisco Nueva Generación
Los Zetas
Golfo
Tijuana
Beltrán Leyva
Juárez
Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios
Pero se le suman decenas de organizaciones más pequeñas.
El líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, era, al momento de su captura, el narcotraficante más buscado de México.
«Tienes un problema de cambio de modelo delictivo, de modelo de organización criminal», le dice a BBC Mundo Samuel González Ruiz, ex fiscal contra la delincuencia organizada de México.
Se pasó del tradicional cartel, con una estructura jerárquica y un objetivo: traficar droga hacia EE.UU., a «un proceso de unificación de mercados ilícitos».
Ahora la organización busca controlar un territorio. Y todos los ilícitos que se pueden cometer allí: «‘narcomenudeo’, trata de personas, robo de combustible, y otra gama de delitos económicos», explica el ex asesor de la ONU en delincuencia organizada.
«La fragmentación es un producto de la acción del Estado, en cierto sentido, pero también es un resultado de la lógica de la organización criminal. No es un modelo buscado», señala González Ruiz.
Pero en un sentido, reconoce, sí «complica la tarea» de combatir al narco.
«Objetivos prioritarios»
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos.
«Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
Sin embargo, la violencia no cesa.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
Y algunas de las nuevas organizaciones demuestran su capacidad de hacerle frente a las autoridades.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
«Decir que la estrategia ha fracasado me parece una exageración», apunta González Ruiz.
«El gobierno federal ha ido avanzando y ha ido tomando pedazos del territorio», añade y cita los casos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango.
Detener a los grandes capos, opina por su parte Miranda, «es importante pero no es una estrategia útil por sí misma porque no está acompañada de otro tipo de decisiones».
Cambios en las organizaciones
«La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas, y sirven cada vez menos como puntos de referencia para los líderes individuales», señala el sitio InSight Crime, especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.
Aunque las pandillas tengan «menos capacidad de amenazar al Estado», el «surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del crimen organizado», analiza InSight Crime.
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos. «Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
A mayor número de actores, se hace «mucho más difícil establecer un tácito conjunto de normas operativas y aumenta la probabilidad de rivalidades violentas», agrega.
El sitio recuerda cómo lo que vive México hoy día es un camino que supo transitar Colombia entre 2008 y 2015.
«Durante ese tiempo, Colombia presenció el surgimiento de múltiples grupos criminales que se conformaron después de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de extrema derecha», señala la publicación.
Aunque el número de las llamadas «Bacrim» (bandas criminales) ha ido disminuyendo, y esto es algo que podría ocurrir en México, esta reconfiguración no es necesariamente sinónimo de éxito, sino una nueva mutación de grupos delictivos que se organizan para colaborar entre ellos.
Estrategia diversificada
«En el largo plazo» la fragmentación de los carteles es una buena noticia, aseguró en su columna de El Universal el analista de seguridad Alejandro Hope. «Es preferible lidiar con bandas pequeñas sin capacidad para capturar tramos del gobierno federal».
«Pero en lo inmediato esa fragmentación puede generar amenazas serias a la seguridad ciudadana».
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», asegura el analista de seguridad Alejandro Hope.
En el pasado se ha cuestionado el enfoque unilateral del combate militar contra los carteles por no atender otras causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes de las áreas donde las organizaciones son más poderosas.
«Hay que hacer trabajos de prevención social, no se trata sólo del aspecto punitivo», señala Miranda.
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», escribió Hope.
«La persecución», añadió, «tiene que complementarse con esfuerzos de construcción institucional en el espacio local y estatal».
En algunos sitios, destaca González Ruiz, se han tomado policías municipales, se busca el dominio del territorio y la depuración de organismos.
Hace falta, añade, tener policías y jueces que no estén corrompidos, un Ministerio Público más eficiente, un proceso de fortalecimiento del Estado.
«Obviamente una estrategia así es más compleja. Exige la reconstrucción de las instituciones, eso es lo más complicado», asegura.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.