Esos tres términos podrían servir para trazar una radiografía del estado actual del narcotráfico en México.
Al inicio de la guerra contra las drogas a fines de 2006, había cinco grandes carteles y ahora existen al menos 45 grupos, células y pandillas.
La estrategia de privilegiar el arresto de capos de narcotráfico ha provocado la fragmentación de los carteles en decenas de bandas que mantienen el nivel de actividad y pueden resultar más difíciles de combatir, afirman expertos.
¿De qué sirve entonces detenerlos? ¿Llegó el momento de cambiar la estrategia?
Caídas con ruido
Miguel y Omar Treviño Morales (Los Zetas), Joaquín «El Chapo» Guzmán (cartel de Sinaloa), Vicente Carrillo Fuentes («El Viceroy», cartel de Juárez), Servando Gómez («La Tuta», Los Caballeros Templarios) y Héctor Beltrán Leyva (Los Beltrán Leyva).
Y la lista sigue: son algunos de los nombres más representativos de la jerarquía de los carteles en México detenidos en el último año.
«Es el equivalente a podar un árbol. Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
Caídas que han hecho ruido, tienen un efecto mediático y ayudan al discurso del gobierno, pero que no terminan de alterar la situación en el terreno, opinan algunos analistas.
«Es el equivalente a podar un árbol», le dice a BBC Mundo Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.
«Se toca la parte más visible, pero eso no trastoca la estructura organizativa ni financiera, de manera tal que la organización criminal mantiene su capacidad de fuego y su poderío económico», añade.
Fragmentación
En un informe de la Procuraduría General de la República (fiscalía) citado semanas atrás por el diario El Universal se da cuenta de la presencia de nueve grandes carteles en México:
Sinaloa
Jalisco Nueva Generación
Los Zetas
Golfo
Tijuana
Beltrán Leyva
Juárez
Familia Michoacana
Los Caballeros Templarios
Pero se le suman decenas de organizaciones más pequeñas.
El líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, era, al momento de su captura, el narcotraficante más buscado de México.
«Tienes un problema de cambio de modelo delictivo, de modelo de organización criminal», le dice a BBC Mundo Samuel González Ruiz, ex fiscal contra la delincuencia organizada de México.
Se pasó del tradicional cartel, con una estructura jerárquica y un objetivo: traficar droga hacia EE.UU., a «un proceso de unificación de mercados ilícitos».
Ahora la organización busca controlar un territorio. Y todos los ilícitos que se pueden cometer allí: «‘narcomenudeo’, trata de personas, robo de combustible, y otra gama de delitos económicos», explica el ex asesor de la ONU en delincuencia organizada.
«La fragmentación es un producto de la acción del Estado, en cierto sentido, pero también es un resultado de la lógica de la organización criminal. No es un modelo buscado», señala González Ruiz.
Pero en un sentido, reconoce, sí «complica la tarea» de combatir al narco.
«Objetivos prioritarios»
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos.
«Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
Sin embargo, la violencia no cesa.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
Y algunas de las nuevas organizaciones demuestran su capacidad de hacerle frente a las autoridades.
El estado de Jalisco vivió un 1º de mayo negro con «narcobloqueos» en casi 40 lugares y el derribo de un helicóptero millitar a manos del cartel Jalisco Nueva Generación.
«Decir que la estrategia ha fracasado me parece una exageración», apunta González Ruiz.
«El gobierno federal ha ido avanzando y ha ido tomando pedazos del territorio», añade y cita los casos de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Durango.
Detener a los grandes capos, opina por su parte Miranda, «es importante pero no es una estrategia útil por sí misma porque no está acompañada de otro tipo de decisiones».
Cambios en las organizaciones
«La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas, y sirven cada vez menos como puntos de referencia para los líderes individuales», señala el sitio InSight Crime, especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.
Aunque las pandillas tengan «menos capacidad de amenazar al Estado», el «surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del crimen organizado», analiza InSight Crime.
El gobierno hace hincapié en que 93 de los 122 principales delincuentes del país han sido detenidos o abatidos. «Objetivos prioritarios» del crimen organizado que el presidente Enrique Peña Nieto estableció al llegar al poder a fines de 2012.
A mayor número de actores, se hace «mucho más difícil establecer un tácito conjunto de normas operativas y aumenta la probabilidad de rivalidades violentas», agrega.
El sitio recuerda cómo lo que vive México hoy día es un camino que supo transitar Colombia entre 2008 y 2015.
«Durante ese tiempo, Colombia presenció el surgimiento de múltiples grupos criminales que se conformaron después de la desmovilización de las fuerzas paramilitares de extrema derecha», señala la publicación.
Aunque el número de las llamadas «Bacrim» (bandas criminales) ha ido disminuyendo, y esto es algo que podría ocurrir en México, esta reconfiguración no es necesariamente sinónimo de éxito, sino una nueva mutación de grupos delictivos que se organizan para colaborar entre ellos.
Estrategia diversificada
«En el largo plazo» la fragmentación de los carteles es una buena noticia, aseguró en su columna de El Universal el analista de seguridad Alejandro Hope. «Es preferible lidiar con bandas pequeñas sin capacidad para capturar tramos del gobierno federal».
«Pero en lo inmediato esa fragmentación puede generar amenazas serias a la seguridad ciudadana».
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», asegura el analista de seguridad Alejandro Hope.
En el pasado se ha cuestionado el enfoque unilateral del combate militar contra los carteles por no atender otras causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes de las áreas donde las organizaciones son más poderosas.
«Hay que hacer trabajos de prevención social, no se trata sólo del aspecto punitivo», señala Miranda.
«El Estado mexicano se ha vuelto bueno para cazar capos, pero sigue siendo malísimo para reformar su aparato de seguridad», escribió Hope.
«La persecución», añadió, «tiene que complementarse con esfuerzos de construcción institucional en el espacio local y estatal».
En algunos sitios, destaca González Ruiz, se han tomado policías municipales, se busca el dominio del territorio y la depuración de organismos.
Hace falta, añade, tener policías y jueces que no estén corrompidos, un Ministerio Público más eficiente, un proceso de fortalecimiento del Estado.
«Obviamente una estrategia así es más compleja. Exige la reconstrucción de las instituciones, eso es lo más complicado», asegura.
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.