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México

Rebaja INE 118 mdp de multas a partidos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reducir en 118 millones de pesos las multas originalmente previstas a los nueve partidos nacionales, comités estatales de partidos con registro nacional y nueve partidos locales, mismos que serán sancionados ahora con 402.2 millones de pesos por irregularidades en su ejercicio ordinario 2015.
Los descuentos beneficiaron a todos los partidos y fueron posibles porque se flexibilizaron criterios por “única ocasión”, ya que ésta es la primera vez que el INE fiscaliza a las dirigencias estatales de partidos nacionales y a fuerzas políticas locales, mismas que estaban “acostumbradas” a revisiones de menor alcance.
Así, resolvió que los gastos que carecen de fines partidistas fueran sancionados sólo con el 50 % y no 100 % del monto involucrado.
También perdonó multas y permitió que los partidos se regularicen en 2017 en las cuentas por cobrar y por pagar que tengan una antigüedad de más de un año.
Otro rubro que hizo posible los descuentos fue la decisión del INE de no sancionar a los partidos por no ejercer el recurso etiquetado que reciben para actividades específicas, ni tampoco usar la bolsa de recursos que reciben para fortalecer el liderazgo político de las mujeres.
Se les dio un periodo de lo que resta de 2016 y todo 2017 para erogar las sumas que debieron ejercer.
Se perdonó de multa “por única vez” y sólo ameritó amonestación el otorgamiento de reconocimientos por actividades políticas que los partidos nacionales con acreditación local y los partidos políticos con registro local otorgaron fuera del periodo de campaña.
De los 402 millones de pesos en multa se impusieron 128.5 millones de pesos a los partidos nacionales, 273.7 millones de pesos a partidos nacionales, pero con registro local y 7 millones de pesos para los partidos estatales.
Las rebajas en las multas alcanzaron para todos los partidos, según los montos que se tenía proyectado aplicar. En el caso del PAN, de 91.5 millones de pesos que alcanzaría originalmente, se redujo su sanción a 50.48 millones de pesos.
El PRI, cuya sanción se perfilaba en 88.6 millones de pesos, sumará ahora 50.22 millones de pesos.
El PRD, que sería sancionado con 122.7 millones de pesos, ahora se perfila con sanción de 117.9 millones de pesos, el PT, que alcanzaría 58.1 millones de pesos en multas, ahora será sancionado con 47.5 millones de pesos.

Fuente: El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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