Chihuahua

Recompensa de hasta 5 millones de pesos por Armando Gutiérrez, CEO de ARAS

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de Armando Gutiérrez Rosas, alias “CEO Aras”.

A él se imputan los delitos de fraude y asociación delictuosa, por hechos ocurridos a partir del mes de noviembre de 2021, cuando personas afectadas comenzaron a denunciar el incumplimiento en el pago de rendimientos por parte de la inversora denominada Aras Business Group.

En seguimiento puntual a las indagatorias en las que suman más 4 mil 600 víctimas en toda la entidad, se convino con el Tribunal Superior de Justicia efectuar audiencias masivas, concentrando bloques de 300 carpetas de investigación que cuentan con similitud para judicializarlas.

Cabe hacer mención que, en el mes de abril, en operativos simultáneos implementados por la Agencia Estatal de Investigación, se logró la captura de dos hombres y una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de fraude y asociación delictuosa, quienes ya fueron vinculados a proceso.

Derivado de los trabajos a cargo de la Fiscalía General del Estado, en un hecho sin precedentes, dentro de la integración de las carpetas de investigación, se tipificaron dichas conductas y a la par, se aseguraron 107 bienes inmuebles.

Además, a solicitud de esta Fiscalía, Armando Gutiérrez Rosas alias “CEO Aras” cuenta con alertas migratorias, establecidas ante el Instituto Nacional de Migración y, por otro lado, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) emitió la ficha roja, en la que corporaciones de 194 países lo buscan, con fines de extradición.

“En Chihuahua, nadie está por encima de la ley, lo dije hace tiempo y lo reitero, nosotros como representación social del Estado, defendemos los intereses de las víctimas y respetamos el debido proceso”, dijo el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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