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México

Reconocen a Ebrard y al Gobierno de México como Personas del Año por combate a tráfico de armas

Por el enfoque novedoso y acciones innovadoras en el combate del tráfico ilegal de armas que representa la demanda contra fabricantes interpuesta por el Gobierno de México en una corte en Estados Unidos, la Arms Control Association anunció la elección del canciller Marcelo Ebrard y del Gobierno de México como “Personas del Año”.

El Gobierno de México y el secretario de Relaciones Exteriores obtuvieron el mayor número de votos de entre ocho candidatos nominados en diciembre de 2021.

“La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en contra de empresas productoras de armas de fuego representa una importante y novedosa forma de hacer responsables a actores fuera de la ley por su papel en la violencia que ocasiona el tráfico de armas de fuego a través de fronteras internacionales”, expresó Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la asociación al anunciar los resultados.

Hasta ahora, la estrategia de combate al tráfico de armas, que proviene principalmente de Estados Unidos, se había concentrado en acciones gubernamentales de control y la sanción de consumidores de armas que desafían las leyes que regulan el sector; sin embargo, la actual estrategia de la cancillería busca que las empresas se hagan responsables de evitar que sus productos sean traficados ilícitamente a México.

El segundo lugar fue para Sébastien Philippe, investigador asociado del Programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton, y el periodista francés Tomas Statius, por su investigación sobre las consecuencias para la salud de los franceses de los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur.

El Arms Control Association (ACA) es una organización no gubernamental fundada en 1971 por miembros retirados del ejército y de la diplomacia estadounidense, que estuvieron involucrados en los primeros esfuerzos de control y no proliferación de armas nucleares y químicas. Desde 2007, ACA ha nominado a individuos e instituciones que durante el año han avanzado en soluciones para el control de armas, la no proliferación y el desarme, y han generado conciencia sobre los riesgos que generan las armas de grueso calibre.

En un comunicado, la SRE señaló que este reconocimiento es un respaldo al esfuerzo que México y la Cancillería han realizado para reducir la violencia en el país.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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