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Reconocen a Ebrard y al Gobierno de México como Personas del Año por combate a tráfico de armas

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Por el enfoque novedoso y acciones innovadoras en el combate del tráfico ilegal de armas que representa la demanda contra fabricantes interpuesta por el Gobierno de México en una corte en Estados Unidos, la Arms Control Association anunció la elección del canciller Marcelo Ebrard y del Gobierno de México como “Personas del Año”.

El Gobierno de México y el secretario de Relaciones Exteriores obtuvieron el mayor número de votos de entre ocho candidatos nominados en diciembre de 2021.

“La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en contra de empresas productoras de armas de fuego representa una importante y novedosa forma de hacer responsables a actores fuera de la ley por su papel en la violencia que ocasiona el tráfico de armas de fuego a través de fronteras internacionales”, expresó Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la asociación al anunciar los resultados.

Hasta ahora, la estrategia de combate al tráfico de armas, que proviene principalmente de Estados Unidos, se había concentrado en acciones gubernamentales de control y la sanción de consumidores de armas que desafían las leyes que regulan el sector; sin embargo, la actual estrategia de la cancillería busca que las empresas se hagan responsables de evitar que sus productos sean traficados ilícitamente a México.

El segundo lugar fue para Sébastien Philippe, investigador asociado del Programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton, y el periodista francés Tomas Statius, por su investigación sobre las consecuencias para la salud de los franceses de los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur.

El Arms Control Association (ACA) es una organización no gubernamental fundada en 1971 por miembros retirados del ejército y de la diplomacia estadounidense, que estuvieron involucrados en los primeros esfuerzos de control y no proliferación de armas nucleares y químicas. Desde 2007, ACA ha nominado a individuos e instituciones que durante el año han avanzado en soluciones para el control de armas, la no proliferación y el desarme, y han generado conciencia sobre los riesgos que generan las armas de grueso calibre.

En un comunicado, la SRE señaló que este reconocimiento es un respaldo al esfuerzo que México y la Cancillería han realizado para reducir la violencia en el país.

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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