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Chihuahua

Recuperó Justicia para Chihuahua 712 mdp en combate a corrupción

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Como resultado de la Operación Justicia, a lo largo de la actual administración se ha recuperado a favor del pueblo de Chihuahua un total de 712 millones 005 mil 312 pesos, gracias a los procedimientos fiscales y a las sentencias penales condenatorias logradas por el Gobierno del Estado.

Chihuahua sigue siendo referente en combate a la corrupción y la impunidad: Javier  Corral

En el comunicado del Gobierno del Estado se afirma que esta estrategia no se ha detenido a lo largo de cinco años, desde el inicio del gobierno de Javier Corral se investigó el desvío de recursos ocurrido en la gestión de César Horacio. D.J., por tres vías distintas: administrativa, penal y fiscal, hasta encontrar a los beneficiarios del dinero público.

Las investigaciones del equipo integrado por fiscales, policías, analistas criminales y financieros, todos especializados en materia anticorrupción, siempre han tenido dos objetivos: llevar ante la justicia al principal responsable del saqueo (hoy preso en Miami, sujeto a proceso de extradición) y a sus cómplices, así como recuperar para los chihuahuenses lo que les fue robado.

En un inédito modelo de investigación por la vía fiscal, se realizaron 151 auditorías que han permitido la recuperación, ya en cuentas de Gobierno del Estado, de 656 millones 076 mil 874 pesos, así como embargos de bienes por créditos fiscales que suman a la fecha 629 millones 700 mil pesos, muchos de los cuales se encuentran en vías de ejecución.

Además, derivado de los procedimientos penales, se han recuperado e ingresado al erario de Chihuahua un total de 54 millones 749 mil 773 pesos, por concepto de reparación del daño.

Por concepto de pago de multas, otro 1 millón 178 mil 665 pesos regresó a las arcas estatales, para dar un total recuperado (hasta el último corte de la Secretaría de Hacienda) de 712 millones 005 mil 312 pesos, independientemente del valor de los bienes que actualmente están embargados y de los créditos fiscales en curso.

Las autoridades hacendarias de Chihuahua han emitido 59 créditos fiscales por la cantidad de 1 mil 953 millones 298 mil 140 pesos y están por emitirse otros 10 por una suma de 79 millones 063 mil 571 pesos.

De acuerdo con ese último reporte de Hacienda de Gobierno del Estado, el monto total por los créditos fiscales emitidos y los pendientes (algunos de ellos en litigio), alcanza la cantidad de 2 mil millones 032 mil 300 pesos.

La aplicación de créditos y la recuperación de recursos es el resultado de un novedoso modelo fiscal que siguió la ruta del dinero de la red de corrupción, tanto de depósitos como de transferencias bancarias.

Fue así como se detectó que por medio de 27 esquemas agresivos de evasión fiscal, la administración del exgobernador César Horacio D.J. facturó 36 mil 366.9 millones de pesos a través de 519 empresas “fantasma” y 383 “proveedores”, entre personas físicas y morales.

La Secretaría de Hacienda de Chihuahua aplicó y dio seguimiento a las 151 auditorías, con la colaboración del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, además de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e incluso, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el Gobierno del Estado se sigue trabajando contra la corrupción y la impunidad hasta el último día del mandato. La Operación Justicia para Chihuahua está más vigente que nunca.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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