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México

Red de Acción y Ética Política reconoce trabajo y compromiso de Rocío Reza

La Red de Acción y Ética Política (RAEP), otorgó un reconocimiento a la diputada federal Rocío Reza, por su trabajo y compromiso como integrante de dicha red, siendo además de la generación fundadora. Lo anterior como parte del evento “México en el contexto electoral 2015: El desafío de recuperar la confianza”, que contó con la participación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros.

La Red de Acción y Ética Política (RAEP), otorgó un reconocimiento a la diputada federal Rocío Reza, por su trabajo y compromiso como integrante de dicha red, siendo además de la generación fundadora. Lo anterior como parte del evento “México en el contexto electoral 2015: El desafío de recuperar la confianza”, que contó con la participación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros.

“Agradezco que la Red de Acción y Ética Política, me haya hecho parte de esta gran iniciativa que busca a través de los legisladores, mejorar las prácticas en el ámbito legislativo y reivindicar el papel del político”, dijo Rocío Reza.

 La Red de Acción Ética Política es un espacio de encuentro entre legisladores de todos los partidos políticos, empresarios y líderes sociales que comparten principios y convicciones por promover y defender la dignidad de la vida de toda persona, revalorizar la importancia del matrimonio y la familia para el futuro de la sociedad y afirmar la libertad religiosa como un derecho humano fundamental.

Rocío Reza mencionó que la RAEP también busca fomentar de manera urgente, prácticas y relaciones honestas y transparentes, libres de corrupción, a través del comportamiento ético en la política y vida social, comenzando indicó, por la clase política.

Como integrante de la red, la legisladora panista precisó que para lograr los objetivos anteriormente señalados, se organizan espacios, tales como encuentros y foros de reflexión con la participación de líderes internacionales en diversos campos del quehacer público y académico.

Por último, explicó que periódicamente se organizan seminarios de formación técnica y humana, así como sesiones de planeación y articulación de una agenda para promover leyes y políticas públicas a favor de la agenda de principios rectores, así como foros nacionales e internacionales que fomentan la discusión y argumentación pública de la visión como país y sociedad global.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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