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México

Reducen en 40% la pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación

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Implementado por la CONAFOR desde 2003, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) apoya mediante un incentivo económico la decisión de los dueños y poseedores de terrenos forestales de realizar buenas prácticas de manejo y conservación de los ecosistemas.

Con el Programa de Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se ha logrado disminuir en 40 por ciento la tasa de pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación, de acuerdo con la Evaluación de Impacto del Programa de PSA (2011-2014).

La CONAFOR realizó la primera Evaluación de Impacto rigurosa del Sector Medio Ambiente, mediante en el contexto de política pública a nivel internacional y con la participación de un grupo multidisciplinario de instituciones reconocidas a nivel mundial en la materia como el Banco Mundial y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Por el rigor de la metodología aplicada en la avaluación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entregó a la CONAFOR el reconocimiento «Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas».

Las comunidades beneficiadas por el PSA aumentaron en más de 50 por ciento sus actividades de gestión para proteger la cobertura forestal, con acciones tales como patrullaje contra la tala ilegal, construcción de brechas cortafuego y actividades comunales para combatir la erosión del suelo.

El programa de PSA, implementado por la CONAFOR desde 2003, apoya mediante un incentivo económico la decisión de los dueños y poseedores de terrenos forestales de realizar buenas prácticas de manejo y conservación de los ecosistemas, fomentando a largo plazo la obtención de servicios ambientales tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la captura y conservación del carbono.

«El PSA de México es el más grande en su tipo en el mundo. Hoy se conservan con este esquema 2.4 millones de hectáreas con vegetación forestal», afirmó Arturo Beltrán Retis, director general de la CONAFOR, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos.

El aumento económico de las actividades de gestión de la cobertura forestal permitió identificar que el programa de PSA genera, de manera eficiente, cambios en el comportamiento de las comunidades en la prestación de servicios ecosistémicos.

«La evaluación demostró que el programa cumple con su objetivo principal, impactando positivamente en el mejoramiento de las actividades de manejo forestal y la evidencia de su efectividad se reflejó en la reducción del cambio en la cobertura forestal», expresó Jorge David Fernández Medina, coordinador general de Planeación e Información de la CONAFOR.

La integración del grupo multidisciplinario que realizó la Evaluación de Impacto del Programa de PSA aseguró el cumplimiento de estándares de clase mundial, la rigurosidad técnica en materia de evaluaciones de impacto y cumplió con los criterios técnicos y metodologías estipuladas por el CONEVAL.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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