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México

Reducen en 40% la pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación

Implementado por la CONAFOR desde 2003, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) apoya mediante un incentivo económico la decisión de los dueños y poseedores de terrenos forestales de realizar buenas prácticas de manejo y conservación de los ecosistemas.

Con el Programa de Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se ha logrado disminuir en 40 por ciento la tasa de pérdida de cobertura forestal en áreas con alto riesgo de deforestación, de acuerdo con la Evaluación de Impacto del Programa de PSA (2011-2014).

La CONAFOR realizó la primera Evaluación de Impacto rigurosa del Sector Medio Ambiente, mediante en el contexto de política pública a nivel internacional y con la participación de un grupo multidisciplinario de instituciones reconocidas a nivel mundial en la materia como el Banco Mundial y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab.

Por el rigor de la metodología aplicada en la avaluación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entregó a la CONAFOR el reconocimiento «Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas».

Las comunidades beneficiadas por el PSA aumentaron en más de 50 por ciento sus actividades de gestión para proteger la cobertura forestal, con acciones tales como patrullaje contra la tala ilegal, construcción de brechas cortafuego y actividades comunales para combatir la erosión del suelo.

El programa de PSA, implementado por la CONAFOR desde 2003, apoya mediante un incentivo económico la decisión de los dueños y poseedores de terrenos forestales de realizar buenas prácticas de manejo y conservación de los ecosistemas, fomentando a largo plazo la obtención de servicios ambientales tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la captura y conservación del carbono.

«El PSA de México es el más grande en su tipo en el mundo. Hoy se conservan con este esquema 2.4 millones de hectáreas con vegetación forestal», afirmó Arturo Beltrán Retis, director general de la CONAFOR, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos.

El aumento económico de las actividades de gestión de la cobertura forestal permitió identificar que el programa de PSA genera, de manera eficiente, cambios en el comportamiento de las comunidades en la prestación de servicios ecosistémicos.

«La evaluación demostró que el programa cumple con su objetivo principal, impactando positivamente en el mejoramiento de las actividades de manejo forestal y la evidencia de su efectividad se reflejó en la reducción del cambio en la cobertura forestal», expresó Jorge David Fernández Medina, coordinador general de Planeación e Información de la CONAFOR.

La integración del grupo multidisciplinario que realizó la Evaluación de Impacto del Programa de PSA aseguró el cumplimiento de estándares de clase mundial, la rigurosidad técnica en materia de evaluaciones de impacto y cumplió con los criterios técnicos y metodologías estipuladas por el CONEVAL.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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